La #LeyGarrote y su impedimento a las protestas y marchas
El Congreso de Tabasco aprobó este día, una reforma al Código Penal en materia de extorsión que incrementa las penas por ese delito y establece una condena de hasta 20 años para quien bloqueé las vías de comunicación o impida la realización de obras públicas o privadas.
El dictamen aprobado, es una conjunto de iniciativas presentadas por el diputado priista, Gerald Washington Herrera Castellanos y el gobernador Adán Augusto López, enviadas el 26 de febrero y el 24 de julio, misma que fue criticada por legisladores de oposición, quienes acusaron que la iniciativa criminaliza la protesta y la manifestación social.
Dichas acusaciones fueron rechazadas por el grupo parlamentario local de Morena y por el mismo gobernador de Tabasco, así como por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, que explicaron en ese entonces, que la reforma únicamente busca evitar los moches y las extorsiones en obras públicas y privadas.
Esto generó una discusión y el descontento de la sociedad en redes sociales, pues, según detalla la reforma, "cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas", incurrirá en un delito que será acreditado a una pena de uno a cinco años de prisión pero la sentencia se incrementaría al doble cuando el responsable se haga acompañar de menores de edad.
El dictamen también expecifica que la persona que dificulte el servicio público de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años. También, se consideran multas de 168 mil 980 pesos a quienes cometan estos delitos.
Ante la aprobación de la Ley en las comisiones, en redes sociales, mexicanos han llamado a la nueva remorma #LeyGarrote, que lleva más de 16 mil tuits.
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