Las cuentas pendientes de Genaro García Luna

Por Ignacio Hernández Meneses

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Frente al caso de la represión en agravio de los estudiantes Gabriel de Jesús Echeverría y Jorge Alexis Herrera, asesinados a balazos por elementos de la Policía Federal​ el 12 de diciembre de 2011, llama poderosamente la atención la actitud omisa e indolente de la entonces Procuraduría General de la República en cuanto a la intervención que le correspondía tener en relación a su competencia, atrayendo la investigación de este caso tres días después y haciendo propias las actuaciones que hasta ese momento le entregaba la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Cabe recordar que en este hecho lamentable, también perdió la vida Gonzalo Miguel Rivas Cámara, oriundo de Veracruz, trabajador de la estación de gasolina «Eva II». A ocho años de esta tragedia, se hace necesario cerrarle el paso a la impunidad reabriendo el caso hasta que haya justicia.

En los expedientes del caso y en las pruebas documentales, videos, fotografías y testimonios de testigos protegidos, algunas publicadas por la prensa nacional, se ve que es evidente y no hay duda que Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública –hoy bajo proceso penal en Estados Unidos-, desplegó una serie de actos ilegales para manipular no solo los hechos, sino también borrar toda evidencia que involucra a su policía federal, en complicidad con Raúl Plascencia Villanueva, entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, articularon mecanismos para librar a esa represiva corporación federal, seguramente hasta con órdenes del entonces titular del Poder Ejecutivo Federal, el espurio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, atropellando impunemente a la Procuraduría de Justicia de Guerrero y a su titular, Alberto López Rosas.

El vocero de la PF, José Ramón Salinas, manifestó entonces a la opinión pública nacional que esta corporación no había intervenido en los hechos, que solamente llegó al final "a restablecer el orden".

Nada más alejado de la verdad, las autoridades federales investigadoras​deliberadamente omitieron valorar los videos. El jurista López Rosas en su defensa dijo que hasta fue amenazado por darlos a conocer. Los videos que ha mostrado en conferencia de prensa, representan una natural evidencia de la maquinación de ambos ex servidores públicos de la federación y es lo que ahora debe retomarse.

Guardadas las proporciones, también fue un video lo que aclaró el caso de la masacre de Aguas Blancas aunque tampoco hubo justicia plena.

Definitivamente, por estas cuentas pendientes con la justicia por parte de Genaro García Luna, se hace impostergable la reapertura de las investigaciones para combatir la impunidad.