México, entre los seis países con mayor criminalización e impunidad hacia los indígenas

  

 

 

 

En el marco de la discusión sobre el papel de los Pueblos Indígenas en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la ONU: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el día de hoy, la Iniciativa Global "Indigenous Peoples Rights International" fundada por la ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz y dirigida por Joan Carling, presentó por livestreaming su primer "Informe anual sobre la criminalización y la impunidad contra los Pueblos Indígenas: defendiendo nuestras Tierras, territorios y recursos en medio de la pandemia COVID-19 ". Este Informe Anual se basa principalmente en las historias de los seis países de interés de la Iniciativa Global: República Democrática del Congo (RDC), Brasil, Colombia, México, India y Filipinas.  

 

Antes de comenzar el seminario web, el coordinador de abogados de IPRI, Alancay Morales, expresó su solidaridad con los Pueblos Indígenas de Colombia que han sido sometidos a criminalización y diversas formas de violencia, particularmente contra el asesinato de la lideresa indígena colombiana Sandra Peña. 

 

En su exposición, Joan Carling describió los patrones de criminalización, violencia e impunidad que comparten los Pueblos Indígenas del mundo a partir de la documentación de la Iniciativa global de 204 casos de violencia y ataques. "Antes de los asesinatos, la mayoría de las víctimas, sus familias y sus comunidades fueron demonizadas, vilipendiadas, amenazadas o acosadas". 

 

Una constante es la discriminación y el ciclo de impunidad como resultado de la negación de justicia, los ataques se basan normalmente en discriminación sistémica y racismo, los atacantes se sienten superiores y la policía generalmente no investiga estos casos. A pesar del establecimiento de mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos en algunos países de América Latina, todavía hay falta de voluntad política para proporcionar seguridad o acceso a la justicia debido al racismo y la arraigada discriminación. Otra de las cosas señaladas por Joan Carling es la forma como este escenario se suma a la situación de desigualdad y se agravaron los incidentes de violencia y criminalización con el impacto de la pandemia de #COVID19. 

 

Sobre la situación en México, habló Abel Barrera, quien señaló que la violencia en contra de los Pueblos Indígenas ha aumentado por las disputas territoriales, por la imposición de proyectos de desarrollo, por la presencia del crimen organizado y por la falta de un marco jurídico que reconozca plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas. Por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Rubén Moreno, denunció la grave situación que se vive en el estado de Chiapas, por agresiones armadas contra comunidades desplazadas en Aldama y las protestas del municipio autónomo de Chilón, en donde se ha instalado un cuartel de la Guardia Nacional sin el consentimiento de la comunidad. 

 

Finalmente, la Iniciativa Global contó con el respaldo y reconocimiento de esta importante tarea por parte de Bernardette Kalz del Ministerio Federal de Economía y Desarrollo de Alemania, Carole Excell del World Resources Institute, Patrick Alley de Global Witness y Chris Champan de Amnistía Internacional. Todos ellos coincidieron en la importancia de una organización a nivel internacional que documente sobre las agresiones que enfrentan los Pueblos Indígenas para colocar una voz fuerte en la comunidad internacional que pueda generar las recomendaciones necesarias para evitar que esta situación de violencia, criminalización e impunidad continúe afectando a los Pueblos Indígenas para construir una solidaridad más amplia y generar acciones por la justicia y el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas.