No hay ningún encarcelado por matrimonio infantil en Guerrero, reportan colectivas feministas

Por: Rosalba Ramírez 

Acapulco, Guerrero., 15 de abril de 2024. A pesar de que el 20 de octubre de 2022 el Congreso de Guerrero por unanimidad realizó una adición al Código Penal del Estado para prohibir y sancionar el matrimonio infantil, a la fecha no hay ningún perpetrador encarcelado, pese a que continúan registrándose los matrimonios tempranos e infantiles.

En diciembre de 2022 a partir de una mesa de trabajo que realizaran mujeres representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en San Luis Acatlán, propusieron sancionar de 10 a 15 años de castigo bajo el sistema de justicia en reeducación a quienes hayan vendido a sus hijas menores de edad, así como quienes paguen por una menor para fines de uniones forzadas tempranas e infantiles y hasta 30 años en casos de abuso o violación sexual. Modificando así 19 de sus 80 artículos del reglamento interno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). 

Lamentablemente aún cuando se han establecido dichas modificaciones al reglamento, no se ha promovido activamente entre la totalidad de quienes integran las policías comunitarias, pues continúan perpetuando las prácticas de uniones forzadas en diversas comunidades de la región Montaña como Costa Chica, incluso en algunas, hay intervención de las autoridades, pues siguen encarcelando a niñas y niños únicamente por verlos platicar en espacios de la comunidad, se les desprestigia, los encarcelan y llaman a sus familias para pactar las uniones forzadas con intercambio monetario y celebraciones hasta por tres días.

La Colectiva Marea Verde Guerrero informó que distintos colectivos, organizaciones y activistas han indagado con personas de las comunidades después de estas reformas y adiciones que establecieron restricciones jurídicas que prohíben y sancionan el matrimonio infantil, la cohabitación, las uniones tempranas y la venta de menores, pero hasta la fecha, "no hay ningún caso de detención o sanción por el ejercicio de esta violencia, no lo tienen". Ni el Estado, ni las leyes por usos y costumbres. 

Únicamente fue el caso de Angélica de 15 años que por la presión mediática su agresor estuvo en la cárcel en octubre de 2021 cuando se dio a conocer que la adolescente fue vendida a los once años para un matrimonio forzado por 120 mil pesos en la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande. Sin embargo, en este caso ya no continuó la sanción ni condena porque quien la compró fue posteriormente liberado inmediatamente. 

- Consideramos que estas leyes y reformas tanto del Estado, hasta las leyes por usos y costumbres, realmente se puedan promover y acercar en diversas comunidades de las regiones del Estado, donde la práctica sigue siendo una constante y tiene mayor arraigo, que se haga un ejercicio de presencia y monitoreo importante de que estas leyes existes y son aplicables desde lo local, estatal y federal. 

- Es importante que el gobierno del Estado como las leyes de usos y costumbres tengan una postura contundente en relación a las sanciones que se establecen, porque al no haber sanciones está claro el mensaje para los perpetradores, tanto para las mujeres y niñas, pues siguen sucediendo estos casos y no hay presos por estas prácticas, ni penas y mucho menos la reparación de daños", indicó la Colectiva. 

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la organización "Save the Children", en 2020 estados del norte del país registraron cantidades alarmantes de matrimonios forzados en registros civiles.

Por ejemplo, Chihuahua y Durango tuvieron tazas elevadas del 30.3%, Michoacán 15.1% Tamaulipas 9.1%, Jalisco 6.1 en menores de 12 a 17 años. 

Pero en el caso de Guerrero, no hay estadísticas a pesar que, se practica el matrimonio infantil pues, de acuerdo a lo testificado por ciudadanos indígenas, es que existen comunidades donde incluso alteran las actas de nacimiento, con el objetivo de sumarle edad a una menor y casarla por lo civil. 

- Nos han compartido que existen familias que asisten al registro civil para tramitar actas por primera vez o corrección, donde les 'inventan' edades avanzadas a las menores, para poder argumentar que tienen mayoría de edad y puedan entonces ejercer con mayor facilidad la unión forzada a la civil. Es bien sabido que, en muchas comunidades de diversas regiones, las personas no cuentan con actas de nacimiento o tienen errores en las mismas y es de manera generacional, esta dinámica para quienes ejercen violencia contra las menores, les permite que con facilidad se alteren datos y edades a las menores, pues entonces hay legitimidad en la unión civil, cuando la realidad es que, las menores estén siendo forzadas a contraer una unión forzada para fines de matrimonio. 

Un testimonio de personas de la comunidad informó que "Si su familia pagó por la muchacha, ella debe cuidar y servir a sus suegros, no solo al marido, también debe dar hijos, y trabajar para pagar lo que pagaron por ella, también porque su pago por la jornada laboral agrícola es para que devuelva lo que pagaron por ella y así los suegros puedan ahorrar si quieren pagar por otra muchacha para otro de sus hijos”. 

La Colectiva feminista alertó que es necesaria, además una articulación entre el estado de Guerrero y los estados del norte por la migración que realizan mujeres y hombres indígenas a esos lugares, para monitorear y prevenir estas prácticas. Al realizar las sanciones y penas correspondientes contra los violentadores, el mensaje tiene que ser claro y a favor para las mujeres y las niñas.