Inició investigación en la SSP por policías vinculados con el crimen organizado, dice Ayuntamiento
Acapulco, Guerrero., 14 de enero de 2025. _ Con la advertencia de que el policía municipal que desvirtúe la misión de la Secretaría de Seguridad Pública será castigado con todo el peso de la ley, el Gobierno Municipal de Acapulco informó que está activa una investigación interna en esa institución.
En un comunicado emitido la noche del lunes, el Ayuntamiento informó que la investigación obedece a una de sus acciones, "para identificar y sancionar al personal que incurra en prácticas contrarias a la legalidad".
Asimismo, apuntó que en la Secretaría de Seguridad Pública no se tolerará ninguna conducta que atente contra la seguridad y la confianza de la ciudadanía.
El pasado viernes 10 de enero fuerzas federales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de tres hombres y una mujer, por el delito de secuestro, en agravio del médico veterinario zootecnista, Víctor Robles Espinoza, secuestrado y asesinado en octubre de 2024 en el puerto de Acapulco.
De acuerdo con los datos de la investigación, el 24 de octubre del 2024, el veterinario salió de su negocio ubicado en la colonia Costa Azul y fue privado de su libertad por los detenidos.
Posteriormente, Moisés "N", Rodolfo "N", Roberto "N" y Abigail "N", presuntos integrantes de una banda de secuestro que operaba en el puerto, habrían realizado llamadas telefónicas a familiares de la víctima exigiendo un pago de tres millones de pesos a cambio de su liberación.
La mujer que fue detenida con los tres hombres por el presunto secuestro y asesinato del médico veterinario formaba parte de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.
La anterior información fue filtrada por una fuente al interior de la Fiscalía de Guerrero, indicando que la policía municipal se encontraba activa en la corporación hasta el presente mes.
Actualmente los presuntos integrantes de este grupo de secuestradores se encuentran recluidos en la cárcel de Chilpancingo, en espera del plazo de cuatro meses que determinó un juez para la investigación complementaria.
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