CIPOG-EZ, UPOEG y CRAC anuncian alianza para combatir el crimen en las comunidades

 

Acapulco, Guerrero., 22 de enero de 2026. - El Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) anunciaron una alianza para combatir la delincuencia organizada en comunidades indígenas y rurales de la región Montaña y Costa Chica de Guerrero, incluyendo los municipios de Ayutla de los Libres, Juan R. Escudero y Tecoanapa. 

A través de dos de sus representantes, Lino Ponce González y Jesús Plácido Galindo explicaron que la decisión tripartita se debe a la ausencia de acciones gubernamentales, por lo que se han visto en la necesidad de reorganizarse para defender a sus comunidades y frenar el avance del crimen organizado. 

Durante una conferencia de prensa en Chilpancingo, exigieron justicia por la masacre y emboscada de 13 policías comunitarias en la comunidad de El Cortijo el 16 de agosto 2025, así como justicia para Bruno Plácido Valerio de la UPOEG, asesinado el 17 de octubre 2023.

También exigieron justicia para los 70 asesinados y 25 desaparecidos del CIPOG-EZ, incluyendo delegados del Congreso Nacional Indígena y consejales del Consejo Indígena de Gobierno. 

Pidieron la instalación urgente de un cuartel militar o de la Guardia Nacional en la comunidad de El Terrero y el desplazamiento, desmantelamiento, y desarticulación de los grupos del crimen organizado como ‘Los Ardillos’. 

También pidieron el retorno seguro de todas las familias desplazadas de su territorio, con garantías plenas de seguridad, reparación y no repetición.

Al mismo tiempo, exigieron la libertad de cinco detenidos de la comunidad de El Terrero, Santos Ponce González, Javier Bruno Castro, Luis Ángel Durán García, Darío Avilés Cuenca y Wilber Hernández Vargas, quienes fueron encarcelados el 6 de mayo 2024 por defender a su pueblo frente a la entrada del crimen organizado. 

Denunciaron que llevan un año y 8 meses privados de su libertad sin justicia y que el próximo martes 27 de enero de 2026 enfrentarán proceso ante el Juzgado de Acapulco, con el juez de control de Acapulco, donde se les pretende imponer largas condenas. En ese sentido, advirtieron que de no ser liberados, los pueblos organizados de la Policía Ciudadana de la Costa Chica y la CRAC- PF de la Montaña bloquearán carreteras.