La resiliencia como acto político en la UAGro

 

Por: Alitzel Vera / Docente, sobreviviente, constructora de camino

 

 

En el entorno académico, donde se supone que impera la razón y la equidad, las

mujeres a menudo se encuentran navegando un laberinto de estereotipos y

estructuras de poder arraigadas. Mi trayectoria como docente de la Universidad

Autónoma de Guerrero (UAGro) es prueba de que el camino femenino en

espacios tradicionalmente masculinos no es una línea recta, sino una constante

reivindicación de derechos. Esta no es solo una historia de supervivencia, sino un

testimonio sobre cómo transformar la adversidad institucional en un motor de

cambio colectivo.

 

El primer frente: Legitimidad académica

 

Mi camino comenzó con un desafío a mi legitimidad profesional. Durante mi

examen de oposición para ingresar a la planta docente de una facultad de

ciencias, enfrenté un sínodo que intentó condicionar mi desempeño mediante

tratos denigrantes y desviaciones de la convocatoria. Lejos de aceptar la

imposición o el silencio, activé los mecanismos de defensa disponibles. Denuncié

la irregularidad ante la comisión mixta, logré la reprogramación de mi evaluación y

aprobé con excelencia.

 

Este primer triunfo no solo aseguró mi plaza, sino que

estableció un precedente: la competencia académica de las mujeres no está

sujeta a validaciones arbitrarias.

 

De la defensa personal a la protección colectiva

 

Una vez dentro de la institución, la violencia evolucionó. Ante situaciones de acoso

por parte de colegas, comprendí que el silencio era cómplice. Al denunciar estos

hechos ante instancias estatales de protección a la mujer y recibir apoyo jurídico

universitario, mi caso evidenció un vacío legal: las normas internas de la

universidad protegían relaciones jerárquicas (jefe-empleado), pero dejaban

desamparadas a las trabajadoras frente a la violencia entre pares.

 

La consecuencia de mi denuncia trascendió lo individual. Mi lucha impulsó la

creación de nuevos marcos normativos dentro de la universidad, diseñados

específicamente para proteger a las mujeres de la violencia laboral entre colegas.

Lo que comenzó como una defensa propia, se convirtió en un escudo para futuras

docentes y alumnas, demostrando que la justicia de un caso puede reformar el

sistema.

 

Resistencia sindical y presión política

 

Mi determinación fue puesta a prueba nuevamente al incursionar en la dirigencia

sindical. En un entorno donde los grupos de poder intentan monopolizar la toma

de decisiones, mi postulación fue recibida con presión y amenazas verbales. La

narrativa imperante sugería que la obediencia era preferible a la defensa de los

derechos laborales.

 

Negocié desde una posición de firmeza, logrando integrar una planilla única que

ganó la elección. Como secretaria de Organización, mi gestión se centró en la

transparencia del padrón de miembros y la defensa del Contrato Colectivo de

Trabajo. Cuando la discrepancia sobre las cláusulas laborales derivó en una

campaña de desprestigio en mi contra —utilizando calificativos sexistas y

falsedades sobre mi historial académico—, mi respuesta no fue el repliegue, sino

la exposición de la verdad.

 

La institucionalización del silencio

 

El conflicto escaló cuando la violencia derivó en acoso sistemático, llegando a

involucrar a la comunidad estudiantil como instrumento de presión. Ante la

vulnerabilidad y el riesgo, acudí a un Centro de Justicia para las Mujeres,

obteniendo medidas preventivas y respaldo psicológico.

 

Sin embargo, la respuesta institucional reveló una paradoja dolorosa: al utilizar mis

redes personales para denunciar el acoso y defender mi integridad, el área de

igualdad de género a través de la Defensoría de los Derechos Humanos

Universitarios emitió una amonestación en mi contra, priorizando la

susceptibilidad de los presuntos agresores sobre la seguridad de la víctima.

 

Frente a este intento de censura, me amparé en criterios de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SCJN), recordando que las cuentas personales no son

extensiones de la oficina pública y que la libertad de expresión es un derecho

humano fundamental, especialmente cuando se ejerce como defensa ante la

violencia. Mi postura es clara: las instituciones educativas no son estados de

excepción donde la Constitución deja de aplicar.

 

Un legado de transformación

 

Hoy, no me defino por las agresiones recibidas, sino por la capacidad de convertir

ese dolor en propósito. Reconozco que la UAGro tiene una deuda histórica con

sus mujeres y que la mentalidad excluyente en las áreas técnicas debe

erradicarse.

 

Mi mensaje a la comunidad es contundente: la resiliencia no es solo aguantar, es

actuar. Mi dolor se convirtió en fuerza. Mi miedo, en coraje. Mi soledad, en

comunidad. Me he consolidado como un referente no por ser invulnerable, sino

 

por demostrar que la verdad, respaldada por la ley y la ética, rompe las cadenas

del abuso de poder.

 

Esta crónica no termina con un oficio administrativo. Continúa en cada mujer que

decide no callar, en cada norma que se ajusta para ser más justa y en la certeza

de que la verdadera transformación ocurre cuando, al sanar nosotras mismas,

ayudamos a sanar el entorno. Esta es mi voz. Esta es la voz de la resiliencia. Y no

se apagará.