Familiares exigen búsqueda para cuatro jóvenes desaparecidos en Taxco de Alarcón

 

Por: Bernardo Torres Morales / Hora Cero 

Los familiares de cuatro jóvenes, entre ellos dos, menores de edad y una mujer, fueron reportados como desaparecidos por sus respectivas familias en el municipio de Taxco de Alarcón. 

Las fichas de búsqueda activas precisan que las desapariciones ocurrieron entre los días 21 de mayo y el 6 y 7 de junio del presente año.

Inicialmente, en redes sociales se hablaba de hasta 11 personas desaparecidas; sin embargo, hasta el momento únicamente existen denuncias formales y fichas de búsqueda para cuatro personas.

Los ciudadanos desaparecidos son Ebony Gisel Avilés González, de 14 años de edad; Gabriel Enríquez Sánchez, también de 14 años; Ángel Axel Moronatti Ramírez, de 29 años; y Edwar Axel Bustos Barrera, de 22 años.

De manera extraoficial también trascendió que dos trabajadores de una tienda comercial habrían sido privados de su libertad por sujetos desconocidos, aunque hasta ahora no existe denuncia formal por estos hechos.

A través de redes sociales, familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos han solicitado la intervención de los tres niveles de gobierno para que las víctimas regresen con vida a sus hogares y para que las labores de búsqueda sean efectivas.

Los familiares han señalado que esperan una respuesta rápida de las autoridades, similar a la desplegada en abril pasado, cuando el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre fueron privados de la libertad. De acuerdo con los reportes, ambos fueron liberados el 13 de abril, tras los hechos ocurridos los días 11 y 12 del mismo mes.

En Taxco de Alarcón operan desde hace varios años diversos grupos de la delincuencia organizada, los cuales, según denuncias ciudadanas, mantienen influencia sobre la distribución y comercialización de productos de la canasta básica, gas y otros artículos de primera necesidad.

Cabe destacar que familires de personas desaparecidas han denunciado en redes sociales que muchas víctimas no son reportadas formalmente ante el Ministerio Público debido al temor de sufrir represalias o de exponerse a mayores riesgos, además de la desconfianza hacia las autoridades encargadas de la investigación y búsqueda de personas.