El alba que no llega: la masacre de El Charco, 22 años de impunidad

​Por: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Tlapa, Guerrero a 6 de junio de 2020.-Este 7 de junio se cumplen 22 años en que el Ejército Mexicano masacró a indígenas Na Savi de la comunidad de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres, con un saldo de 11 ejecutados extrajudicialmente, 27 torturados y detenidos arbitrariamente y 5 heridos.

La madrugada del 7 de junio las tropas del Ejército Mexicano llegaron a la escuela primaria Caritino Maldonado de la comunidad de El Charco, sin observar los protocolos en materia de uso de la fuerza y armas de fuego dispararon contra los indígenas que se encontraban pernoctando en la escuela después de una reunión de autoridades comunitarias que habían sostenido. Desde el día 6 de junio inició una reunión en la que se dieron cita varios comisarios y principales de comunidades vecinas. Analizaban y discutían como mejorar su alimentación y condiciones de vida, así también recibían cursos de alfabetización. Estaba programado que el día 7 al finalizar los trabajos los promotores de salud darían atención médica a los pobladores.

La mecánica de los hechos y el saldo de asesinados y heridos dan cuenta que el ejército mexicano usó la fuerza de manera desproporcionada. En la represión un niño fue herido de gravedad y 5 fueron detenidos, llevados a prisiones militares y torturados. Una estudiante universitaria corrió la misma suerte. Estuvo detenida junto con los varones.​

Por estos hechos nunca se abrió una investigación contra los militares que ultimaron a los campesinos. El único expediente de investigación es el que se abrió contra 27 indígenas que les imputaron diversos cargos y se les procesó, estando en prisión más de dos años.​ Pero hasta la fecha no se han indagado los hechos de ejecución extrajudicial, tortura, lesiones y privación de la libertad de que fueron objeto, ni se ha investigado la responsabilidad del ejército mexicano.

Pese a que el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el organismo ha emitido informe de admisibilidad, en el plano interno las graves violaciones cometidas en agravio de los indígenas no se han investigado.

Por su parte la comunidad del Charco sigue sumida en la pobreza y marginación. No cuenta con servicios adecuados de salud y educación. El camino de terracería que lleva a la cabecera de Ayutla está en pésimas condiciones y la violencia endógena sigue azotando la comunidad ante la indiferencia de las autoridades. Por si fuera poco, las esposas y familiares de los indígenas ejecutados siguen sumidas en la miseria.

​ La masacre del Charco es un ejemplo de lo que ocurre cuando el ejército mexicano realiza tareas de seguridad pública, carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas.​ Estas masivas violaciones a los derechos humanos se suman a otras más que han acontecido en Guerrero. La impunidad en que se encuentran lacera la vida de las víctimas y de las familias y socava la vida democrática de la entidad. Esta es una agenda pendiente en la que el gobierno federal tiene que enfatizar para ofrecer verdad, justicia, reparación integral del daño y adoptar medidas de no repetición. Graves violaciones como las de El Charco no deben ser soslayadas por los gobiernos, por el contrario, tienen el deber imperativo de esclarecer a cabalidad estos hechos.

Si bien es cierto, al inicio de la actual administración federal se habló de justicia transicional y de comisiones de la verdad, la idea no se tradujo a políticas y acciones de gobierno concretas, se han privilegiado otros temas en detrimento de este gran pendiente

Por lo anterior, es menester que el gobierno federal abra una investigación exhaustiva, pronta, independiente e imparcial para ofrecer, verdad, justicia reparación integral del daño y adopte medidas para que graves violaciones a los derechos humanos como la del Charco no se reediten.

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