Recorte presupuestal impacta programas educativos para niños y adolescentes migrantes jornaleros

Acapulco, Gro., 08 de octubre de 2020.- Organizaciones defensoras de derechos humanos exhortaron a la revisión sobre la desaparición del Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 presentado recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un documento firmado por las diversas organizaciones y entregado al Congreso de la Nación el pasado 05 de octubre, solicitaron a las comisiones de Educación presidida por la diputada, Adela Piña Berna, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a cargo de la legisladora, Martha Hortencia Garay Cadena, la asignación de recursos para mantener el programa educativo de atención a infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes que se inscribe en el Programa de Inclusión y Equidad Educativa.

A la Secretaría de Educación Pública realizar un diagnóstico de la situación educativa de las infancias indígenas jornaleras agrícolas migrantes, a fin de obtener la información necesaria para realizar una mejor planeación y evaluación de un programa educativo pertinente, de calidad y con recursos suficientes para asegurar el derecho a su educación.

Según datos arrojados por la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO 2009), alrededor de 60% de esta población era originaria de localidades de alta o muy alta marginación, cerca de 40% pertenecía a una comunidad indígena y había hablantes de 29 lenguas distintas.

Estas condiciones los motivan a salir de sus lugares de origen para laborar por temporadas como jornaleros y jornaleras agrícolas. Además, la ENJO demostró que subsisten retos importantes en materia educativa, puesto que la escolaridad promedio de las y los jornaleros agrícolas migrantes de 15 años era de 4.5 años, en comparación con la media nacional de 8.1 años.

La encuesta también señaló una importante situación sobre infancias trabajadoras, pues 60% de las NNA llevaba a cabo actividades remuneradas en el campo; 10%, actividades comerciales, ganadería, albañilería y 30% desempeñaba actividades domésticas.