Desplazados no podrán retornar a sus comunidades porque no hay garantías: Centro Morelos

Acapulco, Guerrero., 28 de diciembre de 2020.- La represión que sufrieron víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Leonardo Bravo, en manos de elementos de la Guardia Nacional, al buscar un diálogo para que estos últimos resguardaran las entradas a las comunidades de El Naranjo y El Carrizal, por los constantes ataques de grupos armados cumplió un año este 28 de noviembre.

De ello, rememoró el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, tras añadir que está "barbarie policíaca" sigue en impunidad y que, a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no ha emitido ninguna recomendación por la queja  CNDH/6/2020/2030/Q siendo que las familias desplazadas viven en constante riesgos.

Los hechos relatan de un 28 de diciembre de 2019 en la comunidad de Chichihualco, cuando las víctimas y los integrantes del centro Morelos pedían que se garantizara la seguridad que debiera brindar la Guardia Nacional, ya que denunciaron desconfiar en los mandos militares y de los elementos de la Policía Estatal

En un comunicado de prensa, el Centro de Derechos Humanos, denuncia que integrantes de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE),  de la Policía Estatal, "fríamente nos golpeó, cortando cartucho y apuntando a las víctimas siendo que la mayoría eran mujeres, niñas y niños".

Añadió que "negando la seguridad a las victimas, replegaron forzosamente a las mismas, tirando al suelo a quien se le parara enfrente para no garantizar el derecho a la vida misma de las víctimas, a la de nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos ni siquiera les importó que las víctimas clamaran garantías de seguridad por el miedo, el terror que estaban viviendo por los ataques constantes en contra de las comunidades que estaban a punto de ser tomadas y controladas por el grupo de Los Tlacos que busca el control del territorio".

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón evidenció que durante el año que esta por concluir la situación de las familias desplazadas a pasado por momentos de dolor y sufrimiento y enumeró casos como el de la señora   Elena Ortiz Romero de 68 años de edad, quien murió de covid-19 en el mes de septiembre, dos mujeres sufrieron abortos a consecuencia de haberse contagiado de covid-19; un aborto fue a los 8 meses de embarazo y otro a los 3 meses, así como la retención de apoyos gubernamentales de alimento y económicos.

Ante este panorama, el Centro Morelos, lamentó vislumbrar que el proximo año no pueda darse el retorno a sus comunidades de origen, pues las autoridades federales no dan visos de contar con una estrategia de repliegue o desarticulación de grupos delincuenciales que los desplazó, por lo que previó un 2021 aún más complicado por ser un año electoral.