Estado mexicano debe saldar deuda histórica con pueblos indígenas

México, 8 de abril de 2021.- Aún persisten barreras en las políticas, marcos legales y el sistema judicial que impiden el cumplimiento de la libre determinación de los Pueblos Indígenas en México. En primer lugar, no se respeta en los hechos la visión de un Estado pluricultural que reconoce la Constitución, ya que las diferentes instancias del Estado mexicano ejercen sus funciones sin incorporar las perspectivas y cosmovisiones de los pueblos y comunidades.

También se imponen obstáculos legales y burocráticos para ejercer su autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos y de seguridad internos y el ejercicios efectivos de sus recursos y presupuestos propios.

La Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), la ex-coordinadora de la CRAC-PC Felicitas Martínez (Guerrero) y el consejero Salvador Adame de Cherán (Michoacán) presentaron el informe "La Libre Determinación de los Pueblos Indígenas en México: Experiencias y Regulación" en un evento virtual ayer miércoles, al que acudieron como comentaristas la Presidenta y Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola y el Coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar.

Ahí, los participantes de comunidades advirtieron desde la experiencia de autonomía del Municipio indígena de Cherán en Michoacán y de la CRAC-PC en Guerrero, que persisten obstáculos legales y burocráticos para ejercer su autogobierno, así como la libre aplicación de sus sistemas normativos, sus recursos y presupuestos propios.

En el panel se compartió que, si bien el derecho a la libre determinación lo ejercen los pueblos y comunidades cada día, de acuerdo a sus propias formas de vida e identidad cultural, se ha visto agravado en el contexto de un modelo económico y político de desarrollo en México que ha privilegiado los intereses privados de grandes transnacionales en detrimento de los derechos de los pueblos, imponiendo un modelo privatizador extractivista que ha generado despojo de los territorios, una gran conflictividad social ambiental y agresiones y criminalización en contra de los defensores y defensoras del territorio.

La situación también se agrava con la presencia del crimen organizado y de grupos armados en territorios indígenas que actúan con impunidad, corrompiendo y afectando la vida cultural, normativa y física de los pueblos indígenas.

Para transformar de fondo esta grave situación, a partir de las recomendaciones del Informe, las organizaciones y comunidades plantearon ante todo que se requiere la construcción de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas en condiciones de igualdad y no discriminación, así como un cambio sustancial del marco jurídico que pasa por modificar la Constitución para reconocer a los pueblos como sujetos plenos de derecho público, y dotarlos de garantías efectivas para el ejercicio de su autonomía y libre determinación, el control real de sus territorios y bienes comunes y la aplicación de sus sistemas de justicia y seguridad propios.

Asimismo, deberán ser transformadas las leyes extractivistas como las Ley Minera, la Ley de Aguas y  la Reforma Energética para desmontar aquella figuras legales que provocan la violación de derechos colectivos por megaproyectos.