Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar
Por: Santiago Navarro F. y Renata Bessi.
Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, es la sexta
mayor productora de plata en México, aunque también produce oro en menor
medida. Hasta el año 2020, había perforado más de 300 kilómetros de túneles
excavados en el subsuelo de las cinco concesiones que actualmente explota, pero
tiene en su poder 26 concesiones más que forman un corredor minero de oro y
plata que abarca un área de 64 mil hectáreas.
El lodo que
contaminó el arroyo El Coyote era una mezcla del agua de lluvia con los
desechos del proceso minero, mejor conocidos como jales o relaves. Normalmente,
desde lejos se pueden observar estos residuos dentro de las instalaciones de la
empresa porque forman un monte de color gris; son los llamados jales secos, que
tienen forma de polvo fino que parece cemento. Los desechos también están
concentrados en forma líquida en una gran presa. La Minera Cuzcatlán sostiene
que esos jales no representan peligrosidad alguna para la salud y el ambiente,
a pesar de que son resultado de un proceso en el cual se utiliza una gama de
productos químicos tóxicos.
Según la Minera Cuzcatlán, aquel 8 de octubre la tormenta rebasó
la capacidad de la pileta hecha para captar parte del agua de lluvia y los
escurrimientos del depósito de jales secos, la cual tiene una dimensión de casi
tres piscinas olímpicas. En la pileta, esta sustancia después es bombeada para
la presa de jales líquidos de mayor dimensión. “Los dos equipos de bombeo que
se tiene en dicha pileta no fueron suficientes para bombear estas aguas a la
presa de jales, lo que ocasionó que estas aguas se desbordaran”, justificó la
empresa, según consta en el expediente de este caso, al cual tuvo acceso el
equipo de esta investigación.
A partir del derrame se desató una intensa controversia sobre si los jales
habían contaminado o no el suelo y el agua de las comunidades. Por un lado, la
empresa defendió públicamente, desde el inicio, que sus jales no eran
contaminantes y que, por lo tanto, no había contaminación; por otro, las
comunidades denunciaron que su territorio había sido afectado seriamente.
Los primeros informes oficiales registraron que la Minera
Cuzcatlán “arrojó contaminantes” en el arroyo El Coyote, “ocasionando daños
ambientales”. Los primeros análisis de un laboratorio británico de prestigio
internacional también identificaron contaminación del suelo afectado por el
derrame. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la empresa relegaron estos
primeros informes que apuntaban contaminación en el agua y el suelo.
El agua sí estaba contaminada
Luz María Méndez Rodríguez es madre de familia y vecina de Magdalena Ocotlán,
la comunidad más afectada por el derrame. Narra los días que siguieron al
desastre ocurrido en 2018. “Comenzaron a morir algunos de nuestros animales.
Los niños y personas mayores comenzaron a tener dolores de estómago, diarrea,
alergias en la piel. Nos dijeron que había un brote de hepatitis. Nunca
habíamos vivido una situación así”, cuenta María, quien también es regidora de
hacienda de la comunidad.
Justamente porque el lodo gris llegó hasta las proximidades del pozo de agua
potable de la comunidad, la regidora de ecología de Magdalena Ocotlán, Oliva
Odelia Aquino Sánchez, relata que, por iniciativa propia, la gente dejó de
utilizar el agua del pozo, pero eso duró poco tiempo. “Todo mundo se preocupó y
entonces empezamos a comprar agua (embotellada); muchos solo aguantaron unas
semanas, después volvieron a tomar de esa agua contaminada, porque está cabrón,
apenas hay dinero para comer”.
La incapacidad para poder comprar más de un botellón de agua de 20 litros a la
semana, que ronda el valor de un dólar (20 pesos mexicanos) se debe
principalmente a que cada campesino depende de su cosecha y por lo regular no
recibe un sueldo fijo. El 73% de la población de Magdalena Ocotlán vive en la
pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), de 2015, y casi una cuarta parte de la población
vive en pobreza extrema, de acuerdo con información publicada por la Secretaría
de Bienestar en 2021.
El abogado que asesora a las comunidades, José Pablo Antonio, explica que los marcos internacionales plantean que, hasta que se resuelva la situación, las autoridades deben decretar medidas preventivas, además de brindar información a las comunidades. “Debieron haber suspendido el uso de agua de la población y garantizado su abastecimiento con otras fuentes hasta que se solucionara por completo la situación. Pero aquí eso no ha pasado”, sostiene.
Dos días después del derrame, mientras las comunidades vivían en la
incertidumbre por lo que estaba pasando, las autoridades ambientales realizaron
una inspección en las áreas afectadas. La Conagua fue responsable de analizar
el agua; la Profepa, el suelo. Se abrió un expediente en cada instancia.
De parte de Conagua llegaron funcionarios y personal del Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Pacífico Sur. Constataron que el derrame venía de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila. La conducción de estas escorrentías hacia la pila se realiza mediante un canal”, detallaron los funcionarios en su acta .
En el momento en que los técnicos de Conagua realizaban su exploración, volvió a llover y pudieron presenciar un nuevo derrame. Según los funcionarios, con la lluvia, el canal que conduce las escorrentías hacia la pileta no soportó la cantidad de agua de la lluvia mezclada con jales y el bordo del canal se rompió. “Estas aguas, con el deslave del suelo y sedimentos de los jales secos, se observa de un color grisáceo, fluye hacia un camino que se dirige hacia el arroyo el Coyote donde estas escorrentías llegan y se mezclan con la corriente de aguas nacionales”, detallaron en su informe.
Al final, cuando la tormenta había dado una pequeña tregua, el personal del laboratorio de Conagua tomó las muestras “justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, describen en sus registros. En la misma visita de inspección, tomaron muestras del arroyo El Coyote.
Los resultados de estos muestreos fueron analizados por dos laboratorios: el mismo Regional Pacífico Sur que los colectó y el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.
Se identificaron metales pesados por arriba de lo que permite la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los Criterios Ecológicos de
Calidad del Agua (CECA) de 1989, para uso pecuario y riego agrícola. En el
arroyo El Coyote, se encontró que el hierro rebasó hasta 1845.8% los límites
permisibles; el aluminio, hasta 955.12%, y el plomo en 167%.
“Las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos, no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la norma oficial mexicana NOM-001-Semarnat-1996 y también rebasaron los niveles máximos establecidos en los CECA publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 1989, que califican los cuerpos de agua para Riego Agrícola y para Uso Pecuario, en los parámetros de pH, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno (DQO), (…) por lo que hace a los metales pesados rebasan los límites máximos permisibles de Aluminio, Fierro y el Plomo, contaminando el arroyo El Coyote”, consta el oficio No. BOO.810.02.2455/2018 de la autoridad del agua.
Conagua también afirmaba que hubo “daño ambiental” y hacía la advertencia de
que las aguas no debían ser usadas para uso agrícola y pecuario. “Al existir
estos contaminantes en el Arroyo, las escorrentías de aguas nacionales que
fluyen por el cauce de dicho arroyo no pueden ser utilizadas para estos usos”,
se lee en el documento.
Sin embargo, esos primeros diagnósticos de la autoridad ambiental
que señalaban contaminación fueron cambiando con base en nuevos análisis
realizados por las consultoras y laboratorios pagados por la Minera Cuzcatlán.
Un momento clave fue el 27 de noviembre de 2018, cuando Conagua notificó a
Minera Cuzcatlán que había abierto un “procedimiento administrativo” sobre el
caso del derrame con las primeras muestras realizadas por los laboratorios de
Conagua. En este documento la autoridad informaba que, de acuerdo con sus
estudios, el arroyo El Coyote había sido contaminado con el derrame y, por lo
tanto, se determinó la implementación de tres medidas urgentes que la empresa
debería realizar. Dos de ellas, para mejorar sus instalaciones, fueron
cumplidas.
Sobre este par de medidas, en entrevista por
escrito para el equipo de esta investigación, Cristina Rodríguez, subdirectora
de Sostenibilidad de Compañía Minera Cuzcatlán informó que se duplicó “el
espacio de la pileta de recolección de agua de nuestro depósito de jales secos,
pasando de 7,000 m3 a 14,000 m3 y
quintuplicando su capacidad de bombeo para prevenir escurrimientos en época de
lluvias. Asimismo, construimos una pileta de colección de emergencia, con una
capacidad total de 23,000 m3”.
La tercera medida era que la empresa presentara un programa de remediación,
donde Minera Cuzcatlán evaluara los riesgos de sus jales en el ambiente y en la
salud de las comunidades afectadas, para determinar las acciones de
remediación. Es decir, Conagua dio a la empresa la oportunidad de presentar un
nuevo análisis del área afectada, lo que abrió la posibilidad para que Minera
Cuzcatlán pudiera presentar nuevos estudios del agua para caracterizar la
contaminación.
La empresa presentó el documento Programa de
actividades para las acciones tendientes a la remediación del Arroyo el Coyote.
La primera acción de este programa preveía la realización de nuevos muestreos
de agua, con el objetivo de “determinar la afectación (…) y, en su caso,
formular el programa de remediación correspondiente”. El programa de
actividades fue aceptado por Conagua.
El nuevo muestreo de agua se realizó 71 días después del derrame por el
Laboratorio Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento, S.A., de C.V. y fue
analizado por Nova Consultores Ambientales, ambos presentados por la empresa.
Las muestras se tomaron en un escenario totalmente distinto al del
derrame del 8 de octubre. Por ejemplo, no hubo muestreo en la pileta colectora
de aguas de lluvia con jales secos, la misma de donde derivó el derrame, porque
la temporada de lluvias ya había pasado y no contenía agua. Los muestreos
fueron realizados en el arroyo El Coyote y el estudio concluyó que las
concentraciones de metales pesados estaban por debajo de los límites
permisibles. Por ello, se determinó que no hubo afectación al arroyo. “No se
acreditó contaminación de un cuerpo receptor de aguas nacionales”, sostuvo la
empresa.
Debido a lo anterior, “la Compañía (Cuzcatlán) recibió una multa de
aproximadamente 42,000 (dólares) relacionada con el incidente”, según el
reporte de sostenibilidad de la matriz Fortuna Silver Mines, de 2018. “Es
irrisoria. Estas empresas ganan millones de dólares en un día, esto lo pueden
recuperar en horas”, critica la abogada Claudia Gómez Godoy, especialista en
temas indígenas y extractivismo.
Por su parte, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de
Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, admite que en el primer análisis
encontraron “elementos contaminantes que no deberían estar ahí”. A partir de
ello, dentro del proceso administrativo, a la minera se le dieron todas las
garantías para que presentara “lo que a su derecho corresponde. A lo que a
ellos les haga bien”. De esta manera, Minera Cuzcatlán recibió el “derecho de
réplica, de defenderse” y “nos hicieron llegar una serie de documentos”,
subraya el funcionario.
Posteriormente, continúa Martínez Cordero, “entramos a una fase que es la
remediación”, es decir, “teníamos que saber si hay algo que remediar”; por eso,
Minera Cuzcatlán “tuvo que hacer otro muestreo”. De acuerdo con su versión, los
muestreos realizados 70 días después del derrame “estuvieron dentro del
procedimiento administrativo, con base en lo que dice la ley”. La contaminación
ya no estaba ahí porque “el agua corrió, corrió, corrió”; admite que la
contaminación no desapareció, sino que los contaminantes migraron “a otro
lado”.
Para Omar Arellano Aguilar, investigador de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en
Ecotoxicología y miembro de la Society of Environmental Toxicology and
Chemistry, el factor tiempo es crucial para la realización de las muestras. Los
muestreos deben ser hechos lo más pronto posible. Eso porque, como las aguas se
mueven en los ríos, los metales también se mueven y la tendencia es que se
acumulen en el suelo por donde pasan las aguas. Es decir, en un primer momento,
el contaminante estará en el agua, pero con el tiempo se quedará atrapado en el
suelo. Por eso la necesidad de hacer diversos muestreos no solo del agua, sino
también del suelo a lo largo del tiempo.
Los primeros estudios de Conagua presentaban elementos suficientes
para determinar que sí hubo afectación y, por tanto, se debió implementar un
plan de remediación urgente para el arroyo y otro de atención para las
comunidades afectadas, así como un monitoreo de la evolución de esta
contaminación, según la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora investigadora
del Instituto Politécnico Nacional. “Sin duda, los estudios más confiables eran
los de Conagua. Lo que hicieron fue descalificar los análisis de un órgano
fundamental que debe proteger nuestra agua. Si hubieran seguido con los
elementos iniciales identificados por Conagua, la empresa no la hubiera librado
tan fácilmente, porque tendría que justificar muchas cosas que no necesitaron
hacer con el nuevo estudio”, reflexiona.
¿Un error de transcripción?
Dos días después del derrame, los técnicos de Profepa, realizaron una “visita
de inspección ordinaria a la empresa”, para “verificar física y documentalmente
(…) que la empresa se encuentre dando complimiento con sus obligaciones
ambientales”. En su acta de inspección registraron que la pileta tiene una
compuerta que comunica con el arroyo El Coyote y sobre “la superficie de la
compuerta tierra húmeda impregnada de jales mineros con color grisáceo, misma
que se observa sobre el suelo natural y malezas aledañas al cauce del referido
arroyo”.
Durante la inspección no tomaron muestras del suelo. Para Profepa, Minera Cuzcatlán debía realizar los estudios correspondientes. Por ello, la empresa recurrió al laboratorio Intertek-ABC Analitic. Diez días después del derrame, el 18 y 19 de octubre, realizó 12 muestreos a lo largo del arroyo El Coyote.
Los resultados identificaron contaminación en el suelo por talio en dos lugares distintos a lo largo del arroyo El Coyote. Uno de ellos, en las cercanías del pozo de agua potable.
A partir de los resultados de estos estudios realizados por Intertek, la
Subdelegación Auditoría Ambiental e Inspección Industrial, de Profepa, que se
encargó de revisarlos, emitió una opinión técnica en la cual señalaba que sí existía
contaminación por talio.
En una de las parcelas por donde pasa el arroyo, se identificó que las cantidades de este metal rebasaban en 350% los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMANART/SSAT-2004. Mientras que en el sitio de muestreo de suelo llamado “pozo de agua potable” superó en 300% los límites. “Se concluye que sí existe contaminación de suelo en los puntos nombrados Parcela 1498 (Talio 0,09 mg-L) y Pozo de Agua Potable (Talio 0,08 mg-L) con metal pesado Talio”, registra la opinión técnica de Profepa.
Minera Cuzcatlán, por su parte, buscó argumentar con diversos documentos e
informes ante Profepa que los metales pesados identificados en el suelo no eran
su responsabilidad. Por ello contrató a tres distintas consultorías ambientales
para analizar los resultados de Intertek donde aparece el talio. Todas ellas o
desconsideraron la presencia de este metal o argumentaron que no representaba
riesgo a la salud y al medio ambiente.
Una de estas consultorías, Nova Consultores Ambientales, afirmó que al “haberse encontrado concentraciones de talio soluble que excedieron el valor permitido (…) se programó un nuevo muestreo”, que fue realizado por Grupo Microanálisis.
Los resultados de las muestras mal conservadas ya no arrojaron presencia de talio. Sin embargo, aparecieron nuevos metales por arriba de las normas; se trataba de bario y vanadio, que superaban en 50% y 72.9%, respectivamente, lo permitido por las normas mexicanas. Nova Consultores Ambientales justificó que podía deberse a “un fenómeno zonal, es decir característico del área”.
Al final, Profepa desconsideró todos los análisis de las consultoras porque, después de todo este proceso, “en atención a la inquietud” presentada por Minera Cuzcatlán a Intertek, el laboratorio llevó a cabo una “revisión documental” de las muestras donde aparecía este metal.
Intertek concluyó que había cometido un error en los datos que indicaban talio por arriba de las normas. Es así que este laboratorio presentó una nueva tabla donde la cantidad del metal pesado por arriba de los límites permitidos fue remplazada por el símbolo “ND”, lo que indica que no hay presencia de este metal.
Tal y como lo estipula el expediente revisado por el equipo de esta investigación, en el dictamen final de Profepa se concluye que por el “motivo de un error (…) en la transcripción de los resultados” se determinó que la presencia de metales pesados no rebasaba los límites permitidos por las normas, “concluyendo que el suelo no requiere de remediación”.
El equipo de este reportaje buscó la versión de Intertek sobre lo ocurrido y fue atendido por Diana Vázquez, quien dijo “no hay un área como tal de prensa. Es un poco complicado si no tienes un contacto en específico”, terminó por redirigir la llamada a una grabación del sistema de mensajería de la empresa. Nuevamente se intentó contactar, pero ya solo respondió el sistema de mensajería.
Según la subdirectora de Sostenibilidad de Minera Cuzcatlán, Cristina Rodríguez, como comprueban los dictámenes emitidos por Profepa y Conagua, “el escurrimiento de nuestra pileta de colección, ocurrido en octubre de 2018, no causó daño ambiental, principalmente porque los jales de Compañía Minera Cuzcatlán no son catalogados como peligrosos o tóxicos. No obstante, la empresa mantiene su compromiso con el cuidado ambiental y la buena relación con las comunidades afectadas por dicho incidente. De esta manera, Compañía Minera Cuzcatlán ha promovido programas de desarrollo agrícola y pecuario en la zona, así como de reforestación; además de monitoreos frecuentes de calidad del agua y la integridad de nuestras instalaciones”.
Minera Cuzcatlán, en una segunda entrevista por escrito, sostiene que “siguió todos los procedimientos normativos requeridos y en colaboración con las autoridades competentes en materia ambiental (PROFEPA y CONAGUA). La investigación concluyó que el talio lixiviable esta presente de manera natural en el suelo”. Además, la Minera Cuzcatlán recalca “que el talio, no esta presente en las características geoquímica de nuestros jales”, contrario a los resultados del muestreo de los jales secos con agua de lluvia, hecho por Conagua dentro de las instalaciones de la empresa, que sí detectaron la presencia de talio.
Por su parte, la bióloga Martha Patricia Mora Flores duda sobre el error de transcripción de Intertek. “Es difícil de creer que un laboratorio proveedor líder en el aseguramiento de la calidad total para industrias del mundo cometa errores de ese tipo. Los funcionarios debieron revisar muy cuidadosamente los documentos, sobre todo porque hubo contradicciones claras en el caso”. Explica que habría que pedir “los resultados en bruto del laboratorio. Pedir que un experto independiente revisara y analizara los resultados en bruto, para demostrar que hubo un error de dedo”.
No se puede creer “en la empresa así nomás; se tiene que garantizar por medio de pruebas, por medio de nuevas verificaciones”. Profepa es, al final, “el órgano que tiene la responsabilidad y que debe cuidar de la calidad del medio ambiente”, agrega la abogada Claudia Gómez Godoy.
Las determinaciones al interior de Profepa se valieron esencialmente a partir de “las pruebas documentales que aportó el representante legal de la empresa Compañía Minera Cuzcatlán”, tal y como está registrado en el expediente del caso. La empresa presentaba sus documentos a Profepa; los recibía la Subdelegación Jurídica y ésta solicitaba una opinión técnica a la Subdelegación de Auditoría Ambiental e Inspección Industrial. Esta opinión técnica era formulada a partir de la revisión de estos documentos y estudios pagados por la empresa. Después regresaba al área Jurídica. Fue así como se tomaron las decisiones, con opiniones técnicas fundamentadas solamente con pruebas presentadas por Minera Cuzcatlán.
"Ninguna empresa va asumir que sí contaminó. Esas prácticas se prestan mucho a la corrupción”, señala la abogada Gómez Godoy. De acuerdo con el investigador Arellano Aguilar, hay un desligamiento del Estado para poder hacer una vigilancia ambiental efectiva y que actúe en consecuencia. “La carga de la prueba está con las empresas que tienen laboratorios a cargo”, puntualiza el investigador y concluye que “hay conflicto de interés; desafortunadamente son mecanismos de regulación que han sido diseñados para eso, para que haya impunidad”.
El equipo de esta investigación hizo la solicitud de entrevista al área de
comunicación social de Profepa y fuimos atendidos por Rubén Jiménez; no
obstante, nunca se garantizó una fecha para la entrevista y, hasta el punto
final de esta investigación, no se recibió respuesta alguna de esta instancia.
El eterno suspenso de los pobladores
Las comunidades afectadas nunca supieron cuál era el papel que jugaban las
autoridades ambientales para atender este evento que les afectaba con la falta
de agua potable y con problemas en la salud. “En ningún momento la Profepa, como
instancia pública del gobierno federal, se acercó a las comunidades para
brindarles información”, dice el abogado José Pablo Antonio, que asesora a las
comunidades.
Aquino Pedro Máximo asegura que ellos nunca se enteraron de la presencia de
estos metales. “No tenemos dinero para pagar nuestros propios estudios. Tampoco
confiamos en las autoridades, porque parece que ellos trabajan para la empresa
en la forma que se comportan. Están más preocupados de que la empresa pueda
continuar con sus explotaciones y a ellos no les importa lo que sufrimos”,
comparte.
La falta de información caracteriza la violación de derechos fundamentales,
sostiene la abogada Gómez Godoy. “Si la gente de las comunidades no tiene
información sobre la calidad del agua, pues se está violando una serie de
derechos. Primero, el derecho a la información, pero también se viola el
derecho humano al agua, a la salud. La información es fundamental para que se
garanticen otros derechos”. Además, señala que “es necesario que Semarnat,
Profepa y Conagua se adecúen a la nueva realidad de los convenios
internacionales de Derechos Humanos que, en México, pasó a tener rango
constitucional [desde 1992]”.
Las instancias de salud local tampoco recibieron aviso alguno
sobre la presencia de los metales identificados o recomendaciones sobre las
posibles afectaciones a la salud. Eiser Ariel Vázquez Salazar es médico
coordinador de la Unidad Médica del Instituto Mexicano de Seguro Social del
municipio de Magdalena Ocotlán. Ha laborado desde hace seis años en esta
comunidad. “Oficialmente no hemos tenido una protocolización con estas
instituciones dedicadas a cuidar el ambiente, para saber cuáles son las
conductas a seguir”, se queja.
Efrén Sánchez Aquino, síndico municipal de Magdalena Ocotlán, quien asumió el
cargo en 2020, muestra su preocupación por que muchas personas se enfermaron.
“Yo tuve diarrea y dolores de estómago por varios días. Hoy como autoridad la
preocupación es mayor porque tenemos que velar por nuestra comunidad”.
En los últimos años, en especial después del derrame, el médico
Vázquez Salazar confirma que notó un aumento de enfermedades de tipo
intestinal, problemas relacionados con el hígado, aumento de alergias
principalmente en la piel, además de enfermedades bucodentales.
El equipo de este reportaje solicitó informaciones a la Regiduría de Salud del
municipio de Magdalena Ocotlán sobre los números de casos y las enfermedades
registradas en el municipio en los últimos cinco años. La autoridad de salud
municipal sostuvo que no había registros de las enfermedades y orientó el
equipo a solicitar directamente a la única unidad rural de salud del municipio,
coordinada precisamente por Vázquez Salazar. En entrevista, sostuvo que en la
unidad de salud no existen registros sistematizados de las enfermedades en el
municipio.
Mediante solicitud de información, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,
igualmente cuestionada sobre los registros de enfermedades en Magdalena
Ocotlán, no mostró registros en este municipio. También se solicitó información
al Instituto de Salud para el Bienestar, que notificó su incompetencia para
atender la solicitud, y orientó a que se solicitara información a la Secretaría
de Salud de Oaxaca. Dicha dependencia no contestó a la solicitud de información
y tampoco hizo caso a las quejas interpuestas.
“No hemos podido tener una valoración o un estudio que nos diga los impactos
reales del derrame en la salud de la comunidad”, sostiene el coordinador de la
unidad médica de Magdalena Ocotlán. No descarta la relación del aumento de
estos padecimientos con el derrame y la actividad minera. “Constatamos que
substancias del proceso minero alcanzaron el principal abastecimiento de agua
de esta comunidad. Y este es un dato principal que no podemos descartar”.
Por otro lado, el director general del Organismo de Cuenca Pacífico-Sur de
Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, sostiene que el órgano no informó a las
comunidades afectadas sobre los riesgos a la salud y al ambiente porque le
correspondía a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart)
avisar a las autoridades de salud para que tomaran medidas.
El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el presidente de la
Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semarnat, Daniel
Quezada Daniel, quien fue asignado para dar seguimiento a los conflictos entre
comunidades y la Minera Cuzcatlán. No obstante, no dio seguimiento a nuestra
solicitud.
La historia se vuelve a repetir
El expediente del caso sobre el derrame ocurrido en 2018 está oficialmente
cerrado, mientras que las comunidades afectadas hasta el día de hoy desconocen
cómo fue el desenlace de este derrame. Pareciera que el tiempo lo cura todo y
estas comunidades simplemente pudieron haber olvidado lo ocurrido, pero el 13
de julio del año 2020 volvieron a detectar una nueva contaminación.
Cuando los pastores de Magdalena Ocotlán llevaban a tomar agua a su ganado a un
colector de aguas pluviales –se encuentra a menos de 300 metros de las
instalaciones de la empresa, en los márgenes del arroyo Santa Rosa–, se
percataron de que el agua tenía un color rojizo y una lama blanca.
Dieron aviso a las autoridades del pueblo y estos presentaron una denuncia oficial ante la Profepa. La empresa inmediatamente dijo que no hubo ningún tipo de derrame y, por lo tanto, se deslindó de toda responsabilidad.
Nuevamente, las instancias ambientales realizaron estudios del agua y de
los sedimentos. Dos meses después se presentó Ernesto Faustino González
Vázquez, jefe de proyecto de impacto ambiental de Conagua, en Magdalena
Ocotlán, para entregar físicamente un resumen de los resultados. El equipo de
este reportaje se encontraba presente en el lugar. El regidor de Obras,
Francisco Rosario Valencia, le preguntó al funcionario si había o no metales
pesados en su agua. “Les pusimos en negrita aquellos que están por encima del
límite (…) no hay ningún metal pesado, el aluminio es el que está por arriba”,
respondió el funcionario.
Se le volvió a preguntar
si sabía cuáles son las afectaciones de este metal y dijo: “no soy médico, yo
solo sé que está por arriba”.
El informe técnico, al
cual tuvo acceso el equipo de esta investigación, arrojaba la presencia de
aluminio de hasta 27,337% arriba de las normas CECA para uso en protección de
vida acuática en agua dulce. Lo mismo sucedió con el fierro, el cual excedió lo
permitido hasta 900%. El nitrógeno amoniacal rebasó 413.33%. El oxígeno
disuelto se mostraba por debajo de los límites ideales, “lo que indica carencia
de oxígeno que limita el uso para protección de vida acuática”, dice el
documento.
En el oficio que presentó el funcionario de Conagua exime a Minera
Cuzcatlán de la responsabilidad por la contaminación del agua, con tan solo una
revisión ocular de sus instalaciones: “Con los datos obtenidos durante la
visita de reconocimiento y las muestras de agua de 6 sitios (en colector de
agua), no es posible establecer que el agente causante de una probable
contaminación sea la Minera”.
Hasta la publicación de esta investigación, Profepa no ha comunicado cuáles
fueron los resultados de los sedimentos. Este expediente sigue abierto. Sin
embargo, la historia se repite. Las comunidades están alejadas de las acciones
y decisiones tomadas entre empresa y las autoridades ambientales.
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