El destierro y la criminalización de las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero

Por: Isael Rosales

"Estoy aquí porque viví violencia de parte de mi esposo, me golpeaba, sus padres me corrieron de la casa y me quitaron a mi niño y a mi niña. Les pedimos a los jueces que nos están viendo que se pongan de nuestro lugar y que vean lo que estamos viviendo como mujeres indígenas. No es justo lo que nos están haciendo", exigió, en conferencia de prensa el jueves 5 de agosto de 2021 sobre la campaña Mar de agravios, Montaña de quebrantos, doña Agustina Flores Solano, originaria de San Nicolás Zoyatlán, municipio de Xalpatlahuac, de la región de la Montaña de Guerrero. Estas palabras condensan el drama y el viacrucis que viven las mujeres ante la violencia ejercida en sus hogares y, en ocasiones, en los espacios comunitarios. En un mar de agravios no solo se tiene que lidiar con el agresor, también, padecen la criminalización de las autoridades que procuran y administran justicia.
   
Las historias que se cuentan en la Montaña de Guerrero sobre la violencia contra las mujeres indígenas ha sido una constante; su cotidianidad se ha convertido en un círculo de opresión y de control de sus cuerpos, a menudo son desvalorizadas, vejadas y vilipendiadas. Estas agresiones siguen más presentes con la llegada de la pandemia porque con el aislamiento comparten más tiempo el mismo espacio que el agresor.

Así que la violencia se incrementó. Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que de enero de 2020 a agosto de 2021 la organización registró 25 feminicidios, 30 casos de violación sexual de menores de 18 años, lo cual es preocupante y 130 casos de violencia doméstica, suman un total de 185 mujeres de las que acuden para denunciar violencias. De enero de 2021 a agosto el registro de 80 víctimas de violencia familiar -30 son de guarda y custodia-, 20 violencia sexual y cinco feminicidios.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a través de las mujeres que acompañan, realizó un mapeo de la violencia feminicida del 2014 al 2020 donde se cuenta con 72 feminicidios acaecidos en la región de la Montaña, uno de estos es el feminicidio de Florencia Sánchez Joaquín, indígena Me'phaa, de 24 años, originaria de Lomatuza, municipio de Acatepec, quien sufrió agresiones de su ex esposo y por acudir a la Sindicatura Municipal para solicitarle alimentos para sus menores hijas, fue amenazada: "esto no se va a quedar así, cuídate porque te voy a matar". El 24 de agosto de 2014 se consumó el feminicidio, antes la agredieron sexualmente.

Con la lucha de doña Catalina, mamá de Florencia, pese a las amenazas de muerte, se logró "el pasado 29 de julio la primera condena, a 27 años de cárcel, a uno de los agresores por parte del juez de primera instancia en Tlapa. Es el primer caso que se condenó como feminicidio en la Montaña", resalta Neil Arias. Pasaron ocho años para dar este paso, faltan por condenar a tres responsables más, pero el trajinar fue pesado porque es un calvario de discriminación e indiferencia por las autoridades. En los casos de guarda y custodia, que más adelante se describen dos, no es diferente, pues mujeres son criminalizadas por los jueces. En palabras de Neil Arias, ellas siguen padeciendo la triple discriminación: por ser mujeres, indígenas y pobres. Además, es preocupante que los jueces no juzguen con pertinencia cultural y menos le den valor al testimonio de las mujeres.

Ante este escenario cruento, las historias, muchas veces plagadas de dolor, desesperación e impotencia, revelan una realidad gris, pese a ello buscan denunciar y sensibilizar violencia contra mujeres indígenas.

De agredidas, mujeres indígenas pasan a ser acusadas

Mi nombre es Angélica Moreno, indígena Na Savi, originaria de la comunidad de Yucunduta, municipio de Metlatonoc, de la región de la Montaña. Me casé en el 2016 cuando tenía 15 años, desde entonces me fui a vivir con Doroteo a la comunidad de Petlacalancingo, municipio de Alcozauca. Quiero decirles que el 7 de octubre del 2020 mis suegros y mi esposo me pegaron, me corrieron de su casa y me quitaron a mis hijos. Después de eso me acusaron de haber robado varias cadenas de oro y dinero. Un tiempo él se fue a trabajar a Estados Unidos, dos años no supimos nada, solo nos dejó. En junio de 2020 regresó. Empezó a llegar tomado en la madrugada y me levantaba para darle de comer y le daban celos porque llegaban mensajes en mi celular, pero era mi hermana y mi hermano. Sus padres decían que él podía hacer lo que quisiera conmigo. Se puso más violento, cuando le dijeron que tenía amantes, fue que me golpeó dejándome inconsciente. También destruyó mi celular. Mis suegros me quitaron a mis hijos, diciendo: "sola llegaste, sola te vas", y me advirtieron que si denunciaba me iban a matar. Pedí auxilio con una señora de una caseta telefónica para comunicarme con mi hermana, quien me apoyó para que llegara a Tlapa, ahí me llevaron a una clínica particular. El 11 de octubre acudí al Ministerio Público de Delitos Sexuales a poner la denuncia por violencia familiar.  

El 3 de diciembre de 2020, con el apoyo de mis padres y mi hermano, demandé la guarda y custodia de mis hijos y el juez, Julio Obregón Flores, me la concedió. El 15 de enero de 2021 el juez dijo la convivencia de mis hijos era para ambos, pero el cinco de abril el juez le dio la guarda y custodia al padre de mis hijos. Desde entonces no me dejaron ver a mis hijos. No conformes, el 18 de octubre de 2020 me denunciaron por robo y el 16 de diciembre de 2020 por violencia contra mis hijos. Nada de eso es cierto. 

Yo tuve que contratar abogados y ya he gastado más de 50 mil pesos para recuperar a mis hijos. El juez les dio la razón a quienes me demandaron la guarda y custodia, diciendo que yo los maltrataba, que les pegaba y no cuidaba, quieren quitármelos y que yo vaya a la cárcel. Las autoridades están del lado de los violentos, me han discriminado por ser pobre. Por eso yo les pido a las autoridades que tomen en cuenta lo que quieren los niños, ellos quieren estar conmigo, lloran y yo los extraño.

Por citar otro ejemplo de criminalización de las mujeres indígenas, es doña Agustina Flores Solano, indígena nahua, de la comunidad de San Nicolás Zoyatlán, municipio de Xalpatlahuac.

Viví con mi esposo, pero me golpeaba y sus padres me corrieron de la casa. Entonces me vine a Tlapa a buscar trabajo para mantener a mis niños, pero mi suegra me los quitó. La última vez que los vi fue el 19 de marzo de 2021, el niño se acercó para abrazarme, pero su abuelita me empezó a gritar, que quería robarlos, llegó la policía y me detuvieron, estuve 36 horas en la cárcel porque así decidió el Ministerio Público. Además, la guarda y custodia se la dieron a mis suegros, supuestamente porque descuido a mis hijos. El juez de inmediato me inició una investigación por omisión de cuidado y violencia familiar y una demanda por guarda y custodia en contra de mí. Hasta ahorita me han negado ver a mis hijos. Pido el apoyo de los jueces que se pongan en nuestra parte, nosotros somos mujeres indígenas, quizá porque no tenemos dinero no nos pueden apoyar. Lo que yo quiero es estar con mis hijos. Me han dicho que el niño llora y pide por mí. Yo los extraño. No es justo lo que nos están haciendo. Queremos que se haga justicia porque como mujeres tenemos ese derecho de estar con nuestros hijos. Me han dicho que no los cuido, que los abandono, pero eso no es cierto porque siempre he estado con mis hijos desde que nacieron.

Doña Agustina tiene pendiente una audiencia ante el juez de control y enjuiciamiento penal de Tlapa por omisión de cuidado y violencia familiar, donde le formularán imputación.

Es así que el continuum de la violencia contra las mujeres indígenas en la Montaña va de los hogares a las instituciones. Decenas de mujeres en la región han padecido los estragos de la violencia patriarcal, muchas son encarceladas junto a sus hijas e hijos en las comunidades. Algunas solo dialogan con el silencio, otras deciden denunciar, pero cuando llegan a Tlapa "lejos de encontrar justicia las procesan de manera injusta".
 
"Criminalizar a las mujeres es la ecuación de las autoridades. Siguen arrastrando viejas prácticas de impartición y administración de la justicia. En los procesos jurídicos, en las carpetas de investigación, hay una serie de irregularidades, por lo que varios agresores son exonerados", Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan. Por eso Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, habla de la re-victimización, del desprecio y la discriminación de las mujeres; muchas de ellas desplazadas de manera silenciosa. Se necesita luchar para desarraigar la corrupción porque sigue teniendo precio la justicia en la Montaña. Sin embargo, queremos decir que, en este Mar de agravios, Montaña de quebrantos, las mujeres indígenas siguen siendo el bastión para romper con el muro de la impunidad.