Opinión | Criminalizar al que protesta antes que tocar la propiedad privada

  

Por: Adonias Rosales Sierra

Los gobiernos nos han vendido la idea de que todas las construcciones de obras son públicas, uno de estos ejemplos, es la Autopista del Sol, y que por lo tanto, la población la debe defender con uñas y dientes de quienes se manifiesten "violentando el libre tránsito" cuando protestan organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, comunidades indígenas o cualquier ciudadano que exige ya no mejores condiciones de vida, sino simplemente dignas como agua potable en sus colonias, seguridad o mejores escuelas.

Protegen propiedades privadas pero no realizan acciones de prevención ni de reacción cuando hay asaltos u homicidios en las autopistas, delitos que atentan contra la seguridad de toda la población, pero si cuando golpean la economía de los empresarios. Es necesario asentar que los gobiernos trabajan para los empresarios porque los pobres no tienen algún bien inmueble que les afecte en su economía cuando hay bloqueos o manifestaciones pacíficas. 

Después de la represión del pasado 4 de febrero en la caseta de Palo Blanco, los aplausos que recibió el gobierno del estado provinieron del sector privado de ese que el presidente Andrés Manuel López Obrador se queja, del derechista fifi y burgués, por ejemplo, de la Asociación de Gasolineros del Estado de Guerrero, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, de los Hoteleros Asociados de Zihuatanejo, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, entre otras de corte empresarial.

El 24 de abril de 2019, un grupo armado asaltó a turistas cuando regresaban del puerto y se dirigían a la Ciudad de México sobre la Autopista del Sol, en la región Centro de Guerrero, hecho que provocó el cierre parcial de la autopista durante más de una hora. El 2 de marzo de 2021 a la altura del municipio de Eduardo Neri 3 hombres fueron despojados de un camión de carga y heridos de bala, uno de ellos perdió la vida.

En ese tipo de hechos verdaderamente violentos en los que policías estatales y Guardia Nacional deben intervenir, no lo hacen, brillan por su ausencia, pero cuando se trata de demandas esenciales que tienen como objetivo darle un golpe al sistema político y económico del Estado y el país, los cuerpos de seguridad se anticipan.

Lo más irresponsable es que actúan con el uso desmedido de la fuerza, sin que se priorice el diálogo. La represión del pasado 4 de febrero contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es la prueba fehaciente de un gobierno autoritario, intolerante, pero sin la brújula para dirigir en paz la vida social de Guerrero.  

Un ejemplo a la criminalización de la protesta es la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación (ley que se contrapone y contradice con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) que sanciona hasta con 7 años de cárcel a quienes tomen casetas de cobro, las cuales han funcionado como medios determinantes para que, por medio de la presión social, los gobierno accedan a decirnos "si, vamos a cumplir con nuestra obligación de salvaguardarlos" llámese justicia o demanda para resarcir derechos humanos, sociales o laborales. 

Pese a esto, las casetas de cobro han sido un espacio donde protestan familias desplazadas por la violencia de los grupos de la delincuencia organizada, exigiendo su retorno o su reubicación para continuar con su vida. En este mismo lugar, las familias que buscan a sus seres queridos, desaparecidos y desaparecidas, exigen conocer los avances de las investigaciones y dar con el paradero de sus hijos, hijas, madres y padres, además de una indemnización o reinstalaciones en trabajos, entre otras demandas.

Regularmente las madres y padres de Ayotzinapa lo utilizan para exigir acceder a la información en el avance de las investigaciones en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, que va cumplir 8 años sin que se esclarezcan los hechos, un crímen que de llegar a la verdad va cimbrar al país. Lo más triste es que los gobiernos locales trabajan para el Estado y este desapareció a los 43.

Las acciones emprendidas por las fuerzas del Estado hace dos días en contra de un grupo estudiantil, uno de los más reprimidos desde 1968 a la actualidad, no es más que una muestra de la ausencia de dialogo y de la idea no pacifista en el Estado y el país. Mientras los empresarios mueven las decisiones de los gobiernos. Por una parte el discurso hueco, por otra, la macana y los gases lacrimógenos.

La propiedad privada es un verdadero problema para la sociedad desinformada, porque creen que muchas obras son públicas, aunque visiblemente paguen por utilizar cada inmueble o producto, prevaleciendo la idea del enriquecimiento individual o la de superación individual sobre lo comunitario o colectivo. El caso es que no importa que el Estado funcione como un ente represor en materia económica y política, muchos mexicanos lo aprueban, aunque sus propias familias sufran por algún estallido social se llame represión estudiantil, ataques armados a comunidades indígenas o desaparición de estudiantes de forma masiva.

Entre paréntesis, estas grandes obras son patrimonio de todos, aunque desconozcan de dónde realmente provienen las inversiones o a dónde van a parar las ganancias millonarias. Es algo que los gobiernos ocultan, no informan con claridad. A la falta de información pública, se le suma la apatía del ciudadano que no esta interesado en demandar la información porque sabe que solo perderá su tiempo de ventanilla en ventanilla, entre trámites tediosos con obstáculos porque la transparencia no responden a las necesidades de los ciudadanos.

Prácticamente las autoridades se aprovechan de la ignorancia de sus gobernados o simplemente no se brinda la información transparente, además de que muchas personas no se dan a la tarea de investigar, porque los consume el tiempo en sus trabajos con salarios mínimos injustos o porque culturalmente prefieren consumir la basura que les proporciona la televisión. 

De acuerdo a los datos del INEGI 45.8 millones de mexicanos ven noticias, el 38.4 ven películas y 31.4 ven telenovelas o en otros casos acceden al internet donde el 93.8% lo utilizan para comunicarse, para las redes sociales un 89.0%, para entretenimiento 88.8%, mientras que para leer periódicos, revistas o libros accede un 44.5% y para interactuar con el gobierno sólo el 32.8%. Estos datos cuantitativos demuestran la desinformación que proporciona el desinterés que la gente tiene en los temas de sus gobiernos, democracia y justicia. Muchos mexicanos son altamente manipulables a través de algunos medios de comunicación que informan a modo.

Nunca olvidemos que en el periodo del gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari y del ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu se construyó la mega obra de la Autopista del Sol con fondos privados y del concurso de constructoras particulares. Se concesionó al Grupo Mexicano de Desarrollo con una inversión de 1.7 billones de pesos. El dinero de las casetas de cobro de todo el país que supuestamente sirve para financiar el mantenimiento de las carreteras y puentes federales va a parar al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). ¿A bolsillos de quién o quiénes van dirigidos esos recursos millonarios si la Secretaría de Comunicaciones y Transporte aumenta el costo del peaje anualmente con el pretexto de mejorar las carreteras? Todos los mexicanos sabemos las condiciones en las que verdaderamente se encuentran las autopistas. ¿Cuál es el interés de defender la propiedad privada sobre la exigencia social?