Retoma la CIDH caso de la defensora Kenia Hernández Montalván

Acapulco, Guerrero; 30 de mayo de 2022.-

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomó el caso de la defensora Kenia Hernández Montalván y apuntó que hay peligros en la criminalización de la que es víctima, y quien esta procesada por al menos cinco causas penales.

En materia de criminalización, la CIDH conoció la criminalización de Kenia Inés Hernández Montalván, defensora indígena, y coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.

El organismo destacó que la criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes.

La CIDH expresó su preocupación ante la violencia, intimidación y criminalización de personas defensoras registrada durante los primeros cuatro meses del año en la Latinoamérica, y llamó a los Estados a garantizar un ambiente propicio y seguro para la defensa de los derechos humanos.

La CIDH advirtió que la región sigue siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo y contabilizó que durante los primeros cuatro meses de 2022, se observa un alto número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en varios países de la región, así como amenazas, ataques, hostigamientos, y procesos de criminalización por su legítima labor de defensa.

En México, la CIDH tuvo conocimiento de los asesinatos de Luis Ortiz Donato, líder del Consejo Ciudadano de Marquelia y defensor del pueblo afromexicano en el estado de Guerrero, el 28 de abril; de Néstor Iván Merino Flores, líder de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Oaxaca (API), en Oaxaca el 20 de marzo; y del defensor ambiental José Trinidad Baldenegro, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el 7 de marzo. El Estado mexicano informó que las autoridades competentes determinarán si los asesinatos tuvieron relación con el ejercicio de la actividad de defensa de las víctimas.