Denuncian amenazas del Ejército contra defensores de derechos humanos en Guerrero

 

Chilpancingo, Guerrero, a 17 de octubre de 2022.- Organizaciones de derechos humanos denunciaron una estrategia en contra de defensores y luchadores sociales, cómo es el caso del abogado, Vidulfo Rosales Sierra; el antropólogo Abel Barrera, el abogado Rogelio Téliz García y el defensor de la tierra Marco Antonio Suástegui Muñoz y líder del Consejo de Ejido y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

En un boletín de prensa, el centro de derechos humanos Tlachinollan destacó la información que se publicó en la recientemente nota del medio de comunicación, La Silla Rota, titulada  “Guacamaya leaks: Sedena vincula a Vidulfo Rosales con secuestros y extorsiones". 

Ahí, afirman que un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) describe la presencia de tres organizaciones civiles que cometen diversos ilícitos y una de ellas ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa.

En la nota, se hace referencia a los documentos, obtenidos a partir del hackeo, en donde la SEDENA afirma que Vidulfo Rosales "forma parte de la estructura del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP)" sic.  que según el ejército, es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos.

La información -reprochó Tlachinollan -, contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental y precisó que el abogado llevó a cabo la defensa legal del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

En el texto, Tlachinollan afirma que es preocupante que "desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales".

Por lo anterior, las organizaciones y el centro de derechos Tlachinollan urgieron a un cese en hostigamiento y la represión contra Vidulfo Rosales, Abel Barrera, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Rogelio Téliz García, que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el ejército.