Mi miedo se volvió la fuerza que me impulsa a exigir justicia, porque aún sigo viva pero no sé hasta cuándo
Por: Alejandra Mateos Jiménez / Licenciada en gastronomía con
especialidad en cocina mexicana
Actualmente desempleada por la travesía legal que le impuso su violentador
Víctor Manuel Enríquez Lezama cuando solo
llevábamos 50 días de novios me humilló, denostó, amenazó, laceró e intentó
asesinarme por medio del estrangulamiento, golpeándome
hasta dejarme inconsciente la madrugada del 8 de abril de 2018. Así fue la
lucha por sobrevivir que emprendí realizando mi denuncia penal que
interpuse contra mi agresor la mañana de ese domingo.
La ministerio público especializada en delitos sexuales
y violencia intrafamiliar Noemi Castro Ángel, fue la primera en burlarse de mí,
minimizando mi agresión, clasificando el delito como “lesiones, amenazas, daños
y robo” en vez de tentativa de feminicidio y revictimizándome al escuchar mi
relato de la agresión que viví esa madrugada. La violencia institucional que
viví continuó después de que la ministerio público se negara a llevar mi
carpeta de investigación por incompetencia y la remitiera al Ministerio Público
del fuero común, donde el ministerio público Pedro Araujo Leónidas lo reclasificó
como “tentativa de homicidio, lesiones, daños y robo”.
Reclasifico mal el delito porque otra vez me revictimizaron,
pero, además, dilataron la construcción de la carpeta de investigación. El juez
Edgardo Mendoza Falcón violentó mis derechos humanos y mi acceso como mujer a
una vida libre de violencia. Cometió violaciones en derechos a la seguridad
jurídica, violaciones al derecho a la
legalidad, al trato digno, violencia de género y violación a los derechos de
las mujeres. Ya que, desde la solicitud
de audiencia inicial hasta la audiencia intermedia transcurrieron 466 días naturales, lo cual exhibió la falta de
interés, prontitud, celeridad, transparencia y ética por parte del juzgador para proveer justicia pronta y expedita,
dejando a mi agresor en libertad y solo con medidas cautelares impuestas.
Fue en febrero de 2020, hace ya 3 años, que al
fin logre ser escuchada en un juicio oral, donde la jueza Tanya Alfaro
Zapata emitió una sentencia histórica en Violencia de Género en el estado de Guerrero, declarando culpable a mi
agresor, sentenciándolo a 6 años y medio
de prisión, una multa de 465 salarios mínimos y la reparación total de daños.
La sentencia fue ratificada el 4 de noviembre de 2020 por el magistrado
Raymundo Casarrubias Vázquez.
Fue entonces cuando le suspendieron sus medidas
cautelares y le giraron una orden de aprensión, sin embrago, el 9 de noviembre de 2020,
él inició un trámite de amparo federal
ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de Acapulco. Por ese trámite, no pudo ser detenido e ingresado al
penal para purgar su condena, porque “la ley lo asistía”. Lo anterior a pesar
de que el amparo no está firme, lleva 2 años y 4 meses que este Tribunal
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de
Acapulco no se lo niega, su solicitud aún se encuentra en revisión.
Cabe decir que cuando él inició el trámite de
amparo aprovechó para fugarse e ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos
refugiándose con familiares que tiene en ese país, específicamente en Salt Lake
City, la capital de Utah, en donde en febrero de 2022 reincidió.
Con base a la información publicada en el Idaho
State Journal, mi agresor intentó asesinar a su novia a la que estranguló hasta
dejarla inconsciente, tal como lo hizo conmigo, pero, además, golpeó a la amiga
de su novia que intervino para salvarla, pero una vez más no logró su cometido
de asesinarla gracias a la pronta respuesta de los oficiales americanos ante la
llamada del 911. Él fue arrestado y registrado en la cárcel del condado de
Bannock, en Pocatello, donde posteriormente fue presentado ante el tribunal
para una audiencia de lectura de cargos el 28 de febrero de 2022, sin embargo,
después de pasar todo su proceso en prisión, ha aceptado todos los cargos de
agresión, estrangulamiento e ilegalidad, para conseguir ser deportado a México
el próximo 27 de marzo de 2023 y así recobrar su libertad.
Es precisamente que por eso he levantado
nuevamente la voz afuera del Tribunal Colegiado en Materia Penal y
Administrativa del
Vigésimo Primer Circuito de Acapulco, donde han retrasado todo, donde con su
dilación al no negar aún el amparo que mi agresor inició el 9 de noviembre de
2020, hace ya 3 años, él no fue ingresado a la cárcel en Guerrero, para que
purgara su condena y tuvo todo el tiempo para irse de ilegal a Estados Unidos y
reincidir, pero, además, ahora pretende regresar el próximo 27 de marzo y temo
que lo haga para culminar lo que no logró en abril de 2018, todo porque el
Tribunal Colegiado sigue sin negarle el amparo.
Todo eso ha causado que no pueda tener acceso a
la justicia, una y otra vez me han revictimizado a pesar de que hay una sentencia definitiva
en su contra. De qué sirve que el 4 de octubre de 2018 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación decretara el plazo de duración de un juicio de amparo directo,
que se tomará como base para cuantificar la garantía que se exhiba en la suspensión, será por regla general de 6
meses, cuando han pasado 2 años y 3 meses
y el Tribunal Federal no ha finalizado ese proceso del “Trámite del amparo”, y eso le ha permitido a mi agresor no pisar
la cárcel por mi caso en Guerrero, y no sólo eso, si no poder huir de ilegal a
Estados Unidos de América y reincidir allá.
Volvió intentar matar a la mujer que era su
novia, golpeó a su amiga, y ahora en la cárcel se ha declarado culpable para
que lo deporten a México, porque aquí el tribunal no le ha negado el amparo.
Eso es, en síntesis, que EL ACCESO A LA JUSTICIA NO EXISTE EN MÉXICO. Mi caso
es el claro ejemplo de que las autoridades impartidoras de justicia se burlan
de las mujeres víctimas en razón de género. Mi caso al parecer no le importa al
estado ni a la federación, solo por ser una ciudadana mujer.
¿Hasta cuándo los derechos humanos de mi
agresor van a seguir siendo más valiosos que los míos? Habiendo un delito acreditado, una sentencia
ratificada y un agresor reincidente, ¿cuánto tiempo más necesita este Tribunal Colegiado de Acapulco para negarle el
amparo? En este momento la sentencia está suspendida por el procedimiento que
inició Víctor en la solicitud de un Amparo Federal, Él es un feminicida en
potencia, y aunque actualmente esté preso en Estados Unidos de América, por los
delitos que cometió allá, cuando lo deporten el próximo 27 de marzo de 2023, él
en México seguirá libre si el Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de Acapulco no le niega el amparo.
Mi
peregrinar en exigencia de que se me haga justicia ha sido muy largo,
desgastante y limosnero,
es denigrante, vil y doloroso, porque me hacen revivir una y otra vez lo que
Víctor Manuel Enríquez Lezama me hizo hace 5 años. Cabe decir que a
consecuencia de la agresión que sufrí por parte de Víctor el 8 de abril de 2018,
el 8 de mayo de 2022 me detectaron un tumor en el ovario derecho y eso vulnera
mi salud física, yo aún vivo con las consecuencias de la agresión. A veces me
caigo, a veces me doblo, pero me levanto; Víctor no logro matarme, pero si me
arrebato la vida que tenía; sentirme señalada por lo que me hizo Víctor, me
hace sentir más muerta que antes, el recuerdo y el dolor aquí están desde hace
4 años y 11 meses, pero también son mi fuerza para mirarlos de frente y seguir
exigiendo justicia, y si esto no es suficiente, ¿qué otra cosa tiene que pasar
para que el Tribunal le niegue el amparo a este feminicida?
YA BASTA DE IMPUNIDAD. NO QUIERO SER UNA MAS EN
LA ESTADISTICA.
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