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Mi miedo se volvió la fuerza que me impulsa a exigir justicia, porque aún sigo viva pero no sé hasta cuándo


 


Por: Alejandra Mateos Jiménez / Licenciada en gastronomía con especialidad en cocina mexicana

Actualmente desempleada por la travesía legal que le impuso su violentador

 

Víctor Manuel Enríquez Lezama cuando solo llevábamos 50 días de novios me humilló, denostó, amenazó, laceró e intentó asesinarme por medio del estrangulamiento, golpeándome hasta dejarme inconsciente la madrugada del 8 de abril de 2018. Así fue la lucha por sobrevivir que emprendí realizando mi denuncia penal que interpuse contra mi agresor la mañana de ese domingo.

La ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar Noemi Castro Ángel, fue la primera en burlarse de mí, minimizando mi agresión, clasificando el delito como “lesiones, amenazas, daños y robo” en vez de tentativa de feminicidio y revictimizándome al escuchar mi relato de la agresión que viví esa madrugada. La violencia institucional que viví continuó después de que la ministerio público se negara a llevar mi carpeta de investigación por incompetencia y la remitiera al Ministerio Público del fuero común, donde el ministerio público Pedro Araujo Leónidas lo reclasificó como “tentativa de homicidio, lesiones, daños y robo”.

Reclasifico mal el delito porque otra vez me revictimizaron, pero, además, dilataron la construcción de la carpeta de investigación. El juez Edgardo Mendoza Falcón violentó mis derechos humanos y mi acceso como mujer a una vida libre de violencia. Cometió violaciones en derechos a la seguridad jurídica, violaciones al derecho a la legalidad, al trato digno, violencia de género y violación a los derechos de las mujeres. Ya que, desde la solicitud de audiencia inicial hasta la audiencia intermedia transcurrieron 466 días naturales, lo cual exhibió la falta de interés, prontitud, celeridad, transparencia y ética por parte del juzgador para proveer justicia pronta y expedita, dejando a mi agresor en libertad y solo con medidas cautelares impuestas.

Fue en febrero de 2020, hace ya 3 años, que al fin logre ser escuchada en un juicio oral, donde la jueza Tanya Alfaro Zapata emitió una sentencia histórica en Violencia de Género en el estado de Guerrero, declarando culpable a mi agresor, sentenciándolo a 6 años y medio de prisión, una multa de 465 salarios mínimos y la reparación total de daños. La sentencia fue ratificada el 4 de noviembre de 2020 por el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez.

Fue entonces cuando le suspendieron sus medidas cautelares y le giraron una orden de aprensión, sin embrago, el 9 de noviembre de 2020, él inició un trámite de amparo federal ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de Acapulco. Por ese trámite, no pudo ser detenido e ingresado al penal para purgar su condena, porque “la ley lo asistía”. Lo anterior a pesar de que el amparo no está firme, lleva 2 años y 4 meses que este Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de Acapulco no se lo niega, su solicitud aún se encuentra en revisión.

Cabe decir que cuando él inició el trámite de amparo aprovechó para fugarse e ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos refugiándose con familiares que tiene en ese país, específicamente en Salt Lake City, la capital de Utah, en donde en febrero de 2022 reincidió.

Con base a la información publicada en el Idaho State Journal, mi agresor intentó asesinar a su novia a la que estranguló hasta dejarla inconsciente, tal como lo hizo conmigo, pero, además, golpeó a la amiga de su novia que intervino para salvarla, pero una vez más no logró su cometido de asesinarla gracias a la pronta respuesta de los oficiales americanos ante la llamada del 911. Él fue arrestado y registrado en la cárcel del condado de Bannock, en Pocatello, donde posteriormente fue presentado ante el tribunal para una audiencia de lectura de cargos el 28 de febrero de 2022, sin embargo, después de pasar todo su proceso en prisión, ha aceptado todos los cargos de agresión, estrangulamiento e ilegalidad, para conseguir ser deportado a México el próximo 27 de marzo de 2023 y así recobrar su libertad.

Es precisamente que por eso he levantado nuevamente la voz afuera del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de Acapulco, donde han retrasado todo, donde con su dilación al no negar aún el amparo que mi agresor inició el 9 de noviembre de 2020, hace ya 3 años, él no fue ingresado a la cárcel en Guerrero, para que purgara su condena y tuvo todo el tiempo para irse de ilegal a Estados Unidos y reincidir, pero, además, ahora pretende regresar el próximo 27 de marzo y temo que lo haga para culminar lo que no logró en abril de 2018, todo porque el Tribunal Colegiado sigue sin negarle el amparo.

Todo eso ha causado que no pueda tener acceso a la justicia, una y otra vez me han revictimizado a pesar de que hay una sentencia definitiva en su contra. De qué sirve que el 4 de octubre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretara el plazo de duración de un juicio de amparo directo, que se tomará como base para cuantificar la garantía que se exhiba en la suspensión, será por regla general de 6 meses, cuando han pasado 2 años y 3 meses y el Tribunal Federal no ha finalizado ese proceso del “Trámite del amparo”, y eso le ha permitido a mi agresor no pisar la cárcel por mi caso en Guerrero, y no sólo eso, si no poder huir de ilegal a Estados Unidos de América y reincidir allá.

Volvió intentar matar a la mujer que era su novia, golpeó a su amiga, y ahora en la cárcel se ha declarado culpable para que lo deporten a México, porque aquí el tribunal no le ha negado el amparo. Eso es, en síntesis, que EL ACCESO A LA JUSTICIA NO EXISTE EN MÉXICO. Mi caso es el claro ejemplo de que las autoridades impartidoras de justicia se burlan de las mujeres víctimas en razón de género. Mi caso al parecer no le importa al estado ni a la federación, solo por ser una ciudadana mujer.

¿Hasta cuándo los derechos humanos de mi agresor van a seguir siendo más valiosos que los míos? Habiendo un delito acreditado, una sentencia ratificada y un agresor reincidente, ¿cuánto tiempo más necesita este Tribunal Colegiado de Acapulco para negarle el amparo? En este momento la sentencia está suspendida por el procedimiento que inició Víctor en la solicitud de un Amparo Federal, Él es un feminicida en potencia, y aunque actualmente esté preso en Estados Unidos de América, por los delitos que cometió allá, cuando lo deporten el próximo 27 de marzo de 2023, él en México seguirá libre si el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito de Acapulco no le niega el amparo.

Mi peregrinar en exigencia de que se me haga justicia ha sido muy largo, desgastante y limosnero, es denigrante, vil y doloroso, porque me hacen revivir una y otra vez lo que Víctor Manuel Enríquez Lezama me hizo hace 5 años. Cabe decir que a consecuencia de la agresión que sufrí por parte de Víctor el 8 de abril de 2018, el 8 de mayo de 2022 me detectaron un tumor en el ovario derecho y eso vulnera mi salud física, yo aún vivo con las consecuencias de la agresión. A veces me caigo, a veces me doblo, pero me levanto; Víctor no logro matarme, pero si me arrebato la vida que tenía; sentirme señalada por lo que me hizo Víctor, me hace sentir más muerta que antes, el recuerdo y el dolor aquí están desde hace 4 años y 11 meses, pero también son mi fuerza para mirarlos de frente y seguir exigiendo justicia, y si esto no es suficiente, ¿qué otra cosa tiene que pasar para que el Tribunal le niegue el amparo a este feminicida?

YA BASTA DE IMPUNIDAD. NO QUIERO SER UNA MAS EN LA ESTADISTICA.

 

 


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