Catedráticos en Acapulco contabilizan más de 200 agresiones a periodistas en 23 años

 

Acapulco, Guerrero., 04 de diciembre de 2024. - Un estudio realizado por los catedráticos Margarita Jiménez Badillo y Gabino Solano Ramírez reveló que la violencia contra periodistas, incluyendo torturas y asesinatos, se han dado principalmente en Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, siendo la corrupción y el crimen organizado, principales actores detrás de la agresión hacia los trabajadores de la prensa. 

De acuerdo con el estudio realizado por los investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, hay más de 200 casos de violencia documentados en una extensa recopilación de información que abarca los años 2000 a 2023, con datos obtenidos de diversas fuentes, como reportes de medios de comunicación, investigaciones de organismos de derechos humanos y testimonios de familiares de víctimas. 

Estos casos incluyen asesinatos, desapariciones, torturas y agresiones a periodistas en estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sonora, y otros, donde la violencia vinculada al crimen organizado y la complicidad de las autoridades locales han hecho de la labor periodística un riesgo constante. La situación en Guerrero, estado con una historia reciente de violencia política y criminal, ha sido particularmente crítica.

El análisis realizado por Margarita Jiménez Badillo y Gabino Solano Ramírez, publicado con el título “Violencia contra periodistas en México, 2000-2023: censura del poder político y los grupos delincuenciales” en la revista Clivatge,  tiene como objetivo visibilizar el nivel de agresión y las condiciones que enfrentan los comunicadores, y revela cómo la violencia sistemática en el país no solo ha afectado la integridad física de los periodistas, sino también la libertad de expresión y el ejercicio de su labor informativa.

El informe aborda casos de asesinato, desaparición forzada, tortura y amenazas, y deja en evidencia complicidades entre actores del crimen organizado, funcionarios públicos y las autoridades.

En particular, Veracruz y Tamaulipas se destacan como los estados con mayor número de agresiones, seguidos por Guerrero, donde los periodistas enfrentan amenazas y ataques debido a su cobertura de temas de corrupción, narcotráfico y la relación entre políticos y grupos criminales.

De acuerdo con los investigadores, la cobertura de temas como la corrupción política, el crimen organizado y la violencia estatal ha sido particularmente peligrosa para los periodistas. En 93% de los casos documentados, los periodistas agredidos ejercían su labor sin haber cursado estudios formales en la carrera de comunicación, lo que demuestra que muchos se formaron en la práctica y desarrollaron su especialización en áreas de alto riesgo, como la nota roja y la cobertura de temas policiacos. "La violencia ejercida contra los periodistas en México está directamente relacionada con la cobertura informativa que realizan, principalmente en temas de corrupción y crimen organizado", explican los autores del estudio.

Entre los estados más afectados, Veracruz y Tamaulipas destacan, siendo los epicentros de agresiones graves. En Veracruz, periodistas como Gabriel Huge y Guillermo Luna, quienes trabajaban en el periódico Notiver, fueron desaparecidos el 3 de mayo de 2012, día de la libertad de expresión, y encontrados meses después con signos de tortura y violencia extrema. "El hallazgo de estos periodistas refleja la crueldad con la que se les ha silenciado", subrayan los investigadores. En otros estados como Jalisco, Sonora y Chihuahua, se repiten patrones de violencia, con periodistas asesinados o desaparecidos por exponer la relación entre las autoridades y los grupos criminales.

En el análisis de los investigadores, Guerrero es uno de los territorios donde la cobertura de temas locales relacionados con el narcotráfico, la violencia social y los vínculos entre políticos y el crimen organizado ha tenido consecuencias fatales para los periodistas. "En Guerrero, los periodistas son constantemente víctimas de amenazas y agresiones, en muchos casos, por parte de autoridades locales y actores políticos", señalan Jiménez Badillo y Solano Ramírez. Los municipios más afectados incluyen Acapulco, Chilpancingo y Taxco, donde, a pesar de los esfuerzos por parte de la sociedad civil y algunos medios, persisten altos niveles de violencia contra los informadores.  

En una de las conclusiones los investigadores destacan que, a pesar de la magnitud de las agresiones, la impunidad prevalece. "De los 210 casos documentados, la mayoría de los agresores siguen sin ser identificados o procesados", señalan, apuntando a la falta de voluntad política y la corrupción como factores clave en la perpetuación de la violencia. La cobertura de temas como la trata de personas, la corrupción gubernamental y las alianzas entre autoridades y carteles criminales ha convertido a los periodistas en blancos para quienes buscan silenciar la verdad, destacan. La impunidad ha permitido que estos crímenes se repitan, mientras que las autoridades, en muchos casos, niegan que las agresiones sean relacionadas con la labor periodística, también subraya el análisis.

Los investigadores también revelaron que la violencia simbólica ha sido un componente clave en la victimización de los periodistas. En varias ocasiones, las autoridades no han reconocido que la violencia es una represalia directa por el ejercicio del periodismo, minimizando la importancia del trabajo informativo y atribuyendo las muertes a "ajustes de cuentas" o "problemas personales". En este contexto, la victimización de los periodistas no solo se limita a la agresión física, documentaron, sino que se extiende a la revictimización de las familias y colegas.  

El estudio también documenta casos de periodistas que, después de ser secuestrados o desaparecidos, fueron liberados, pero bajo la condición de guardar silencio sobre los hechos ocurridos. Este tipo de agresión refleja no solo un acto de violencia física, sino también un intento sistemático de coartar la libertad de expresión y de intimidar a quienes buscan exponer las realidades más oscuras del país. "La liberación bajo silencio es una forma de censura que busca hacer desaparecer la verdad, mientras la violencia sigue operando como el mecanismo para imponer silencio", afirman los investigadores.