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Frenar persecución de campesinos por siembra de amapola, pide Tlachinollan al Gobierno de AMLO


 

Por: Bernardo Torres | API

Chilpancingo, Gro.- El Gobierno Federal debe frenar la persecución y criminalización en contra de campesinos de la sierra por la siembra de amapola, demandó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Abel Barrera Hernández, director de este organismo no gubernamental, criticó la postura incongruente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en el inicio de su gobierno hizo el compromiso de no usar la fuerza pública para reprimir.

Y es que los últimos en comunidades de la sierra de Helidoro Castillo se han registrado enfrentamientos e irrupciones violentas del Ejército Mexicano que ha intensificado operativos de erradicación de enervantes.

Dichas acciones han dejado personas heridas, cateos a viviendas, y familias desplazadas de las localidades de Los Hoyos y Los Arrallanes, además de daños a cultivos de aguacate, manzan y pera.

Abel Barrera, dijo que el gobierno sigue aplicando prácticas de terror en territorios comunitarios, con una guerra sucia de baja intensidad como ha ocurrido desde los casos de Inés y Valentina, y la persecución contra índigenas en Ayutla.

La siembra de la amapola, dijo, es una acción de sobrevivencia de los campesinos ante el abandono gubernamental histórico y la falta de oportunidades para los pueblos de la Sierra y la Montaña de Guerrero.

Demandó al Gobierno Federal a que atiendan el problema de raíz, con proyectos productivos, inversiones millonarias que le permitan a la gente dejar la amapola, pero no con violencia y terror como lo está haciendo el Ejército.

El defensor de Derechos Humanos, exigió que en lugar de mandar al Ejército a las comunidades, mande a los siervos de la nación y personal de la Secretaría de Desarrollo Rural para atender los problemas con diálogo y oportunidades de empleo.

También exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que acuda a la sierra e inicie investigaciones por las agresiones a la población en sus territorios y que haya sanciones y reparación del daño. 

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