Exigen justicia para Ranferi Hernández Acevedo, a 4 años de su asesinato

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero; 15 de octubre de 2021.- A cuatro años del asesinato de Ranferi Hernández Acevedo, su familia continúa en la exigencia de justicia y esclarecimiento del crimen que arrebató la vida del luchador social, su esposa, su suegra.

Con una ofrenda florar colocada junto a sus tumbas, ayer por la tarde organizaciones sociales rememoraron que en ese mismo lugar donde reposan sus cuerpos, el 14 de octubre de 2017, fueron hallados sin vida Ranferi Hernández Acevedo Lucía Hernández Dircio, Juanita Dircio Barrios; y, su ahijado, Antonio Pineda Patricio. Los cuerpos presentaban huellas de tortura para después ser ejecutados.

Hace cuatro años, cuando ocurrieron los hechos, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el entonces fiscal, Xavier Olea Peláez se pronunciaron ante el caso, no tanto porque les preocupará, sino obligados por la conmoción social que inundó las páginas de los medios por la crueldad del crimen y por la figura que Ranferi Hernández representó como dirigente campesino pero pasado el tiempo el caso ha quedado en el olvido, fuera de todo discurso oficial, reprochó su hija, Diana Hernández Hernández.

"Esta maniobra dilatoria, que raya en cínica omisión, fue la forma predilecta de Héctor Astudillo para tratar los casos de violencia durante los seis años que estuvo en Casa Guerrero. Sólo dio la cara cuando la presión social y mediática lo acorralaban. Entonces expresa su preocupación y declaraba, apresuradamente, que la Fiscalía ya tenía información "relevante". Luego, dejaba que el tiempo se encargara de archivar los casos", continuó.

Remarcó que la política de Héctor Astudillo dista mucho del lema de gobierno "Un Guerrero con orden y paz".  "Por el contrario, podríamos decir que el lema que mejor califica lo que fue su gobierno es "Un Guerrero con corrupción y muerte". Como ejemplo de ello está la deuda millonaria que dejó y las cifras que colocan al estado como uno de los cinco más violentos del país. Información que ha sido documentado por periodistas comprometidos con la verdad. Nos queda claro que el orden y la paz de Astudillo no se referían al pueblo de Guerrero sino para su grupo político-caciquil".

La pasada contienda electoral, en la que participé, fue el escenario en el que los poderes caciquiles se unieron nuevamente. Aquí en Chilapa se juntaron, en un evento de campaña de la coalición PRI-PRD: Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero y Héctor Astudillo. Nada más y nada menos que el asesino de Aguas Blancas; el responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y El Charco; y el responsable del asesinato de mis familiares.

Este acto es una muestra de la complicidad que hay entre estos caciques quienes han cometido violaciones graves de lesa humanidad, que han utilizado los cargos políticos que han ostentado (el cual, además, han heredado a sus hijos) para aumentar su capital económico y que, en sus períodos como gobernadores, han asesinado y desaparecido a dirigentes campesinos, a maestros y estudiantes normalistas.

Menciono este hecho porque durante el segundo periodo de gobierno de Ángel Aguirre y el gobierno de Héctor Astudillo fueron asesinados los dirigentes campesinos que jugaron un papel fundamental en la caída de Figueroa: Arturo Hernández Cardona, Rocío Mesino y mi padre, Ranferi Hernández; con lo cual se cumplió la amenaza que Figueroa le había hecho llegar en 1997.

Hoy estamos ante la llegada de un nuevo gobierno, el cual encabezará Evelyn Salgado Pineda, gobernadora electa por Morena, un partido que se plantea construir lo que denominan Cuarta Transformación. En este sentido quiero manifestar que en Guerrero la transformación tiene que ir más allá de programas sociales; es necesario que se establezca una agenda que contemple el esclarecimiento histórico de los crímenes políticos como el castigo a sus autores materiales e intelectuales y la impartición de la justicia para todas las víctimas.

Por ello, llamó a que familiares, sobrevivientes, organizaciones sociales y de derechos humanos a la creación de un mecanismo extraordinario que contemple los cuatro puntos de la justicia transicional: Memoria, Verdad, Justicia y No repetición.

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