María: Asumir el rol de madre en la infancia en un estado machista

Por: Tlachinollan

El centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan denunció, a través del caso de "María", una menor que asumió el rol de madre impuesto por el machismo persistente en el estado de Guerrero. La violación sexual de niñas es un problema creciente que las autoridades encargadas de investigar los delitos no han revertido, crítica el organismo.

María, una niña de 12 años del pueblo Me phaá, nunca imaginó que después de acudir a la posada de la iglesia, sería raptada por un vecino de la comunidad. El violador buscó el mejor momento para subirla a su vehículo. La oscuridad del callejón que lleva a la casa de María, fue el lugar propicio para llevársela. No solo fue víctima del ultraje sino de las amenazas que resonaban en su mente: "si te atreves a denunciarme, te voy a matar". Tuvo que padecer en silencio esta tropelía y soportar en su cuerpo la asquerosidad del perpetrador. Fue un martirio. Por las noches, su mamá tenía que consolar a su niña sin saber qué remedio darle. La pequeña no se atrevía a decir lo que había sufrido.

Ya no era la misma niña que jugaba y cuidaba a sus 4 hermanitos. Sus malestares físicos y psicológicos se complicaban. Además de estar triste, ya no tenía hambre y sufría de mareos. La doctora del pueblo la atendió y constató que llevaba tres meses de embarazo. Ante esta evidencia, María tuvo que confesar a sus padres lo que había padecido en el mes de diciembre. Acudieron a la comisaría a interponer la denuncia, sin embargo, el comisario no se atrevió a intervenir. Tuvo miedo a las represalias, porque el agresor de 40 años se desempeñaba como servidor de la nación. Su cargo como funcionario público le daba poder en la comunidad, y por lo mismo, actuaba con total impunidad.

Los padres de María no se amedrentaron. Consiguieron dinero prestado para interponer la denuncia en la fiscalía de Tlapa. Fue admirable su sacrificio y el acompañamiento en todo el proceso de la denuncia penal. Las cinco horas del viaje con la polvareda del camino, así como las complicaciones del embarazo de María, no fueron obstáculo para acudir a Tlapa, con tal de que la investigación avanzara. Su persistencia rindió resultados al emitir el juez la orden de aprehensión. De inmediato el agresor tuvo conocimiento por los contactos que tenía en la misma fiscalía. Se amparó para asegurar la protección de la justicia federal, sin embargo, el recurso no prosperó por tratarse de un delito grave.

Al advertir que su situación legal se complicaba, buscó apoyo con políticos de la región para evitar que la orden de aprehensión se ejecutara. Su familia acudió con el comisario municipal para pedir que citara a la mamá de la menor. Ante el temor de que la autoridad actuara arbitrariamente, la mamá optó por presentarse en la comisaría. Los padres del acusado la señalaron como responsable de lo que le fuera a pasar a su hijo. Insistieron en que su denuncia era falsa y que, por lo mismo, también la denunciarían por sus declaraciones sin fundamento. Trataron de convencerla, por la buena y por la mala, para que se desistiera de la denuncia. Ante la negativa le advirtieron que se metería en problemas más graves. Creyeron que al ofrecer dinero lograrían su objetivo. Todo fue en vano, porque la postura firme de la mamá de María fue una demostración de dignidad, porque ni las amenazas ni el dinero doblegaron su afán de justicia.

Ante la imposibilidad de evitar que la orden de aprehensión se aplicara, el agresor huyó de la región y planeó cruzar la frontera para librar la cárcel. Su preocupación fue evadir la justicia y desentenderse de la situación de la niña que dejó embarazada. Los padres de María, a pesar de la vejación que sufrió, le pidieron que tuviera al bebé con la promesa de que ellos la adoptarían como otra hija más. El umbral de la maternidad fue una experiencia dolorosa para la menor por todo lo que implicó la violación y lo que representó la gestación del feto en su cuerpo diminuto.

María tuvo que sobreponerse a un sinnúmero de problemas de salud ante la falta de atención médica en su comunidad. Tuvo que soportar en silencio todos los estragos de un embarazo temprano. Se resignó a tener un hijo, sin poder dimensionar lo que esto representa para su corta vida. En una comunidad pequeña, el embarazo de una niña, el escándalo es mayor contra la mujer, no contra el hombre. Es un hecho grave imposible de ocultarlo y revertirlo contra el agresor. El escarnio clava sus flechas contra la menor, dejando una herida que lacera y que no se cierra.

María tuvo que permanecer confinada en la precariedad de su casa con piso de tierra. El mundo se le derrumbó, se truncaron todos sus sueños y resquebrajaron sus ilusiones, como las demás niñas de la Montaña. En medio de las complicaciones de su embarazo, su abuelo, que es partero, le tocó atenderla. Entre sus rezos y brebajes logró que su nieta tuviera un parto normal. Desde hace nueve meses María tuvo que asumir el rol de madre, además de amamantar a su niña tiene que velar por su salud y trabajar para sostenerla. Ha buscado un empleo, pero no la quieren contratar, porque es una niña madre, que además de cargar su morral, carga sobre su espalda a su pequeña niña.

En el mes de febrero, cuando la fiscal general del estado, la maestra Sandra Luz Valdovinos, se reunió con varias familias en la ciudad de Tlapa, platicó con María y su tía. Escuchó la triste historia de María que cargando a su bebé le narraba llorando lo que había sufrido. A pesar de enfrentar una situación sumamente precaria, centró su exigencia en que se hiciera justicia, por la violación que había sufrido. La fiscal conoció a su bebé y la reciedumbre de una niña madre que lucha para que se castigue a quienes violan a las mujeres. En el mes de marzo, la fiscalía notificó a los papás de María había detenido a su agresor en la ciudad de Tijuana, cuando se disponía a cruzar la frontera.

El centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan denunció la violación

A nivel regional los matrimonios forzados de niñas es otro problema que no es atendido en su justa dimensión por las autoridades estatales ni municipales. A pesar de los esfuerzos que existen para implementar estrategias de atención interinstitucional para evitar los matrimonios forzados, no se logra incidir en el ámbito comunitario. Se ha avanzado en los diagnósticos para ubicar en qué municipios hay mayor incidencia de los matrimonios forzados y se ha logrado convocar a las autoridades municipales para que se involucren como parte de la estrategia interinstitucional. La realidad es que no existe interés genuino en la mayoría de los presidentes municipales. Se reducen a formalizar convenios, pero no se comprometen a implementar acciones concretas para que en su municipio se atienda a las niñas que son víctimas de matrimonio forzado.

En el ámbito municipal no se pueden centrar las estrategias de atención, se requiere trabajar en el nivel comunitario, sobre todo en las localidades donde la práctica es generalizada. Pero la intervención no se puede reducir a un programa de pláticas para sensibilizar a los hombres sobre la gravedad de estas prácticas. Tiene que trabajarse una propuesta integral con la participación de personas de la misma comunidad. Es un trabajo que requiere una inserción a la dinámica comunitaria, conocer el contexto y ubicar el sentido que le dan a estos matrimonios de niñas. No es suficiente enfocarse a este problema, implica detonar acciones eficaces en el campo educativo, en el tema de la salud y den el mejoramiento productivo. También es urgente un atención especializada a la niñez indígena, que desde pequeños tienen que salir con sus padres a trabajar en los campos agrícolas. La precarización de la vida comunitaria es un problema estructural que no está siendo atendido por los gobiernos municipales. Lo más grave es que las autoridades municipales en lugar de revertir los rezagos sociales, se interesan en establecer negocios privados con los recursos públicos. Hacen alianzas con las empresas que ya tienen experiencia en cómo realizar obras de mala calidad para obtener grandes ganancias. Lo más grave es que los presidentes municipales y el partido gobernante han optado por establecer alianzas con grupos del crimen organizado, quienes se encargan de la seguridad del municipio, a cambio de que se les garantice tener el control territorial. Imponen su ley atemorizando a la población y controlando giros comerciales. También forman parte de los proveedores del municipio. Son el poder fáctico que tienen el control de las instituciones y que opera con el uso de las armas, para allanarle el camino al presidente municipal en su proyección política. Esta criminalidad enquistada en las instancias municipales son la mayor amenaza que enfrenta la población por la supeditación del poder político al poder de la delincuencia organizada. En este entramado criminal las niñas madres, se encuentran en total indefensión. En lugar de encontrar protección y cobijo en las autoridades municipales se topan con los perpetradores.