Sedena también monitoreó a opositores al fracking

 

Por: Alejandro Castro / Causa Natura

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recabó información personal de líderes ambientales que se opusieron a proyectos energéticos que buscaban utilizar la técnica del ‘fracking’ en la Huasteca de San Luis Potosí.

Desde 2018 y, cuando menos, hasta 2021, la institución siguió el rastro de las acciones de opositores e incluso giró órdenes a sus elementos para infiltrarse en las actividades.

En agosto de 2018, a través de fichas, el Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI) de la Sedena identificó a agrupaciones políticas y comunitarias; parentescos; capacidad de movilización y los eventos en los que participó cada uno de los involucrados en la lucha social.

Las fichas de las y los líderes sociales fueron enviados de un correo electrónico identificado como “denuncias” y con dominio de la Sedena a otro de dominio genérico identificado como “solo12_34@hotmail.com”, confirmó Causa Natura a través de los archivos filtrados por el grupo de hackeractivistas denominado “Guacamaya Leaks”.

La amenaza de extracción de hidrocarburos a través de la técnica del fracking comenzó en 2013, tras la aprobación de la Reforma Energética promovida por Enrique Peña Nieto, expuso Rogel del Rosal Valladares, miembro de la Alianza Nacional Antifracking y uno de los activistas monitoreados.

“Cuando quedó más clara la disposición del Estado de querer despojar la tierra a comunidades indígenas y de pequeños propietarios es cuando se publica el Plan Quinquenal para la para la exploración y extracción de hidrocarburos, en 2015”, dijo Del Rosal Valladares.

De acuerdo con la Alianza Nacional contra el Fracking, esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo.

Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros vertidos.

“Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio”, indican.

Entre las problemáticas asociadas está la disminución de la disponibilidad de agua; contaminación de los acuíferos; daños a la salud humana; calentamiento global; sismos provocados, entre otros.

El 6 de agosto de 2018 el periódico La Jornada informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizó a la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) el uso de más de 190 toneladas de explosivos para exploración en 18 municipios de la Huasteca. Asimismo, dio cuenta que la empresa estadounidense Shlumberger Offshore Services NV comenzó a realizar gestiones en los municipios para obtener los permisos.

A raíz de la publicación, distintos grupos intensificaron la lucha y movilizaciones. 

A finales de julio de 2018 se había realizado un encuentro con 500 personas para abordar esta problemática.

Las fichas de los líderes fueron emitidas el 18 de agosto de 2018, según la fecha del correo de Sedena.

Además de Rogel del Rosal Valladares, también fue rastreada información de su esposa, Rosa Esther Peña Soto, quien funge como asesora de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina.

También se monitorearon las actividades del profesor Domingo Rodríguez Martell, líder del Parlamento Indio Estatal Campesino y Popular y, en ese entonces, presidente municipal del municipio de Tinajas, uno de los afectados.

A la lista se suman Miguel Ángel Guzmán Michell, de la organización “Un nuevo país con el pueblo hasta la victoria”; Said López Olmos, del Movimiento Huasteco Democrático y Víctor Ramírez Santiago, del Frente Campesino por la Lucha de las Tierras.

También se realizaron fichas de información sobre las organizaciones sociales de las que son integrantes los activistas.

Pero la Sedena no se limitó a los líderes ambientales. Otros oficios filtrados por Guacamaya Leaks dejan ver que mandos solicitaron información de alcaldes, diputados y sobre la opinión pública con respecto al fracking.

Aunque con el cambio de administración federal en 2018 se dio un giro al discurso con respecto al uso del fracking, el seguimiento de la Sedena al proyecto de extracción de hidrocarburos no concluyó con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En febrero de 2020, previo a una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al municipio de Tancanhuitz de Santos, se recabó información histórica del proceso de lucha y de los líderes sociales.

Asimismo, se ordenó dar seguimiento a las actividades de los diferentes actores sociales, a fin de detectar algún evento que pretendieran realizar en torno a la posible visita del presidente.

Para ello, en el documento se lee que se realizarían labores sociales en el municipio, “a fin de obtener información de relevancia”.

“Personal de búsqueda de información se integrará a dicha actividad para recabar mayores datos y contar con un panorama más amplio respecto a las actividades que pretendan realizar los habitantes, principalmente de las zonas indígenas”, se indicó.

El objetivo, añaden en las instrucciones de mando, fue acercarse a la población y pasar desapercibidos.

En abril de 2020 volvieron a circular a través de correos electrónicos de la Sedena los perfiles de líderes sociales. En agosto de ese año se envió uno solo con el perfil de Rosa Esther Peña Soto.

El fracking en el discurso presidencial

Desde octubre de 2018, durante su gira de agradecimiento, Andrés Manuel López Obrador se comprometió en San Luis Potosí a no implementar la extracción de hidrocarburos a través de la técnica del fracking. El mensaje fue reiterado el 1 de diciembre del mismo año, durante su toma de protesta como presidente de México.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación realizada por la Alianza Nacional contra el Fracking, a lo largo de 2019 fueron aprobados, por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), seis Planes de Exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a empresas públicas y privadas, los cuales incluyen la perforación y fracturación de pozos en los próximos años.

Asimismo, refieren, Pemex sigue colocando la exploración de yacimientos no convencionales como una prioridad en su Plan de Negocios 2019-2023.

Desde 2018 se han presentado al menos ocho iniciativas para prohibir la práctica del fracking, seis en la Cámara de Diputados y dos en el Senado, pero todas se encuentran pendientes de dictaminación.

Sedena, sin facultades para vigilar

El objetivo principal de la Sedena, de acuerdo con información de la propia dependencia, es organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior y coadyuvar con el desarrollo nacional.

La Ley de Seguridad Interior, en su artículo 5, faculta la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se trate de actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria o genocidio dentro del territorio nacional; interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano; actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; obstaculización o bloqueo de operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; acciones contra de la seguridad de la aviación; atentados en contra del personal diplomático; tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; actos ilícitos en contra de la navegación marítima; financiamiento de acciones y organizaciones terroristas o actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

El Ejército no cuenta con atribuciones para vigilar o monitorear movimientos socioambientales, a menos que se enmarquen en uno de los preceptos anteriores, que no es el caso de los movimientos antifracking en San Luis Potosí.

El monitoreo de líderes sociales por parte de la Sedena, en el contexto de las manifestaciones, no sorprendió a Rogel del Rosal. En entrevista con periodismo CN, aseguró que no siente miedo, sino preocupación por el uso de su información.