CIDH presenta tercer informe del caso Ayotzinapa
Acapulco, Guerrero., 15 de noviembre de 2022. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa (MESA) sobre la supervisión a la medida cautelar otorgada a favor de los 43 estudiantes de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.
El informe dio cuenta de las acciones realizadas por el Estado mexicano a partir de diciembre de 2018 en relación con la investigación de los hechos; la búsqueda y esclarecimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos; las medidas adoptadas para la atención a las víctimas y sus familiares, así como las medidas estructurales de no repetición.
Desde las instalaciones de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la CNDH detalló que para la elaboración de este informe realizó jornadas de revisión de expedientes de investigación y expedientes judiciales de causas penales relacionadas con el caso, recibió y analizó piezas procesales judiciales remitidas por el Consejo de la Judicatura Federal sobre procesos penales vinculados al caso, y participó en audiencias judiciales y diligencias de búsqueda forense.
La CIDH resaltó que continúa observando obstáculos en la entrega de información y falta de cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de autoridades estatales, particularmente de las instituciones de seguridad y militares.
Al respecto, lamentó que el Estado aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos. Sumado a lo anterior, los recientes acontecimientos que apuntan a la intervención de otras áreas de la Fiscalía General de la República (FGR) en el trabajo de la UEILCA, por ejemplo a efectos de la judicializacion del ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, así como la solicitud de cancelación de 21 órdenes de captura contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios estatales que ocuparon cargos públicos en Guerrero en el momento de que ocurrió la desaparición de los normalistas, debilitan la independencia ministerial y el compromiso de México con la verdad y justicia en el presente caso.
La CNDH dijo que preocupa la falta de condiciones para adelantar una investigación independiente que habría derivado en la dimisión del titular de la UEILCA y de varias personas agentes ministeriales lo que implica un retroceso del conocimiento sobre la investigación y una nueva curva de aprendizaje para quienes retomen el caso.
En ese sentido, urgió a adoptar medidas para reencausar la investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de esta a fin de salvaguardar los avances alcanzados hasta el momento y evitar retrocesos.
Asimismo, el informe dio cuenta de información obtenida en el marco de sus visitas oficiales y de trabajo, reuniones de trabajo en los períodos de sesiones de la CIDH, y solicitudes de información al Estado, entre otras fuentes de información.
A partir de 2019, la CIDH dijo que observó avances en la atención del caso Ayotzinapa como resultado de la creación de institucionalidad especializada y la incorporación de la participación de las víctimas y sus representantes legales en las medidas estatales relacionadas con el presente asunto.
Señaló que la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) ha tenido un impacto positivo para el restablecimiento de canales de interlocución y coordinación entre las familias y las autoridades involucradas en el caso.
En cuanto a la investigación, indicó que el establecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (UEILCA) permitió la concentración de las investigaciones en un órgano fiscal y el conocimiento especializado de las indagaciones y procesos penales vinculados con los hechos del caso.
De esta manera, - dijero- se ha avanzado con la individualización y vinculación al proceso de presuntas personas responsables, la emisión y ejecución de órdenes de captura, la presentación de nuevas acusaciones y el inicio de procesos en sede judicial por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como por las irregularidades en las investigaciones y fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia. Se destaca que las acusaciones involucran delitos por graves violaciones de derechos humanos como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de responsabilidad penal individual comprende a agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas mexicanas.
En cuanto a la búsqueda, la Comisión valoró que el Estado ha desplegado esfuerzos para mantener una operación activa y continua de la búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades del estado de Guerrero, y para promover el derecho de las familias a participar en dichas diligencias. La localización de fragmentos óseos y posterior identificación genética positiva de los estudiantes Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz representan un avance que debe ser profundizado para el esclarecimiento de los hechos y del posible destino final de los estudiantes.
No obstante, a ocho años de los graves sucesos, México aún mantiene su obligación de aportar una explicación satisfactoria respecto de la suerte o paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
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