Desaparición de mujeres, cifras imprecisas

Por: José Antonio Rivera Rosales

El Protocolo Violeta es un programa del gobierno de Guerrero, único en su tipo en todo el país, que pretende combatir los altos índices de violencia contra las mujeres.

Desde que se implementó la Alerta Violeta, un componente esencial del programa, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda activó 184 alertas para la localización de 200 mujeres entre adolescentes y niñas desaparecidas.

Según el informe más reciente de este programa, de las 200 mujeres desaparecidas se han encontrado a 186 que huyeron de sus casas por distintas razones.

Este programa comenzó a aplicarse el 18 de julio de 2022 por el gobierno de Salgado Pineda, es decir, lleva en operación poco más de seis meses, pero la información que se ha vertido al público ha sido muy fragmentada, de modo que los datos que debieran ser socializados caen un poco en el vacío.

Lo primero que hay que informar es que este programa atiende las denuncias de desaparición de mujeres que según dicho informe han sido víctimas de agresiones de distinto tipo, lo que ha provocado que escapen de su entorno familiar.

Abordamos esta problemática porque esconde una situación que se reproduce de manera subterránea, agraviando a cientos de familias guerrerenses.

Según el reporte oficial, son 200 mujeres las que han desaparecido en los seis meses desde que se instauró el citado programa.

Lo que el reporte no dice -y es una grave omisión- es que la mayoría de las desaparecidas son niñas y adolescentes que, por su edad y condición social  son pobres y se encuentran en indefensión social y legal.

Un análisis somero de los casos nos arroja que la inmensa mayoría de las jóvenes desaparecidas tienen entre 14 y 19 años, de las cuales menciona que han huido de su familia por influencia de un novio (47 casos), por enfermedad (19), por violencia intrafamiliar (15), por discusiones (11).

Pero llama la atención que un gran porcentaje (83 casos, casi la mitad), “se han reservado sus razones”. Claro, se han reservado sus motivos porque tienen miedo de sufrir represalias de quienes las secuestraron. Nada más por eso.

El caso es que las jóvenes desaparecidas son mucho más que las 200 citadas oficialmente, cuyas familias se han abstenido de denunciar debido a que gran parte de la comunidad guerrerense desconfía de la Fiscalía General del Estado (FGE), que es la principal responsable de la persecución de los delitos.

Pero aún si nos atenemos al número proporcionado por el secretario de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, algunos casos reflejan ineludiblemente el clima de violencia que sufren niñas y jovencitas, algunas de las cuales fueron secuestradas física o virtualmente.

Esa oscuridad en que orbitan los 83 casos conocidos cuyas víctimas guardaron silencio, a las que se agregan las que dijeron haber sido secuestradas o sustraídas de sus hogares, debiera ofrecer una certeza de que existe un clima ominoso y amenazante para las niñas guerrerenses.

Este tema oscuro debiera ser abordado por la impresentable fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, para informar por qué hay tanta incidencia de secuestro de menores de edad, que seguramente atraviesan un infierno aún habiendo sido rescatadas.

Aunque las investigaciones ministeriales tienen que ser secretas, la citada fiscal -que parece que no resuelve nada ni en su oficina-, debiera informar si existe en Guerrero algún grupo de delincuencia organizada dedicado a la trata de personas y, en términos generales, qué se está haciendo para combatirlo.

Si esa incidencia criminal existe, que es bastante probable, entonces la FGE con apoyo de la Fiscalía de la Republica y, obviamente de las fuerzas federales, debieran de integrar un grupo especial de investigación para combatir esas bandas que constituyen el aspecto más sórdido del crimen organizado.

En principio, es alarmante la incidencia de 200 casos de niñas y adolescentes desaparecidas en Guerrero, en particular porque la cifra negra por lo regular dispara la incidencia en un 95 o 100 por ciento. Es decir, hablamos de un número probable de 400 jovencitas desaparecidas. Es un dato terrorífico, que debiera ser investigado por las agrupaciones que defienden derechos humanos de las mujeres.

Para el efecto, todas las instancias del gobierno federal -incluyendo la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Guardia Nacional, Ejército y Armada-, en coordinación con el gobierno del estado, ya estarían combatiendo esa lacra social que lucra con el más abyecto de los delitos: la trata de personas.

El loable Protocolo Violeta estará completo cuando la gobernadora Evelyn Salgado haya integrado el combate frontal a la trata de personas como parte fundamental del combate a la violencia contra las mujeres.

La comunidad agraviada por ese delito, en particular las niñas y jovencitas acosadas, han guardado un mutismo que debiera interpretarse como un grito desgarrador de ayuda. Alquien en la cúpula oficial debiera ocuparse de esto.

Si la sociedad en lo general se considera secuestrada por el crimen organizado, como dijo un obispo de la Iglesia Católica, con mayor la parte más débil de la comunidad guerrerense que son sus niños.

El gobierno estatal y federal está obligado a combatir esos engendros del demonio.

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